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Encuestas revelan que seis de cada diez ciudadanos apoyan que Estados Unidos retire visas a funcionarios ligados al crimen
JAVIER LETHER
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– La percepción ciudadana sobre la relación entre política y crimen organizado atraviesa un punto crítico. De acuerdo con encuestas recientes, una mayoría de mexicanos respalda que Estados Unidos tome medidas directas contra funcionarios presuntamente vinculados con el narcotráfico, incluso si ello implica sanciones diplomáticas o acciones militares.
Según un levantamiento de la casa encuestadora MxElige, él 61.7% de los mexicanos está de acuerdo con que el gobierno estadounidense retire la visa a políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Solo el 14.4% se manifestó en contra, mientras que el resto condicionó su apoyo a la existencia de pruebas o dijo no tener una postura definida.
El respaldo ciudadano ocurre en un contexto donde autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones contra políticos de distintos niveles, a quienes en algunos casos ya se les ha revocado el visado. Aunque Washington no ha hecho públicas listas oficiales, en el debate público han circulado nombres de exgobernadores, alcaldes y funcionarios locales presuntamente bajo observación, lo que ha incrementado la presión social para que se sancione la colusión entre poder y crimen.
El endurecimiento de la opinión pública va más allá. Un estudio de la encuestadora Cripeso, realizado entre el 12 y el 20 de enero de 2026 a nivel nacional, revela que 61% de los mexicanos está de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles de la droga. De ese total, 41.3% se declaró “muy de acuerdo”, mientras que solo una cuarta parte rechazó de manera contundente esa posibilidad.
El resultado marca un cambio significativo en la percepción ciudadana: para una mayoría, la urgencia de frenar la violencia y la impunidad pesa más que el principio de soberanía nacional, tradicionalmente intocable en el discurso político mexicano.
Ambos sondeos reflejan un hartazgo social frente a la inseguridad y la falta de consecuencias para actores políticos señalados por corrupción o nexos criminales. Más que una aprobación a Estados Unidos, los datos exhiben una desconfianza profunda hacia las instituciones nacionales encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
Cabe recordar que varios casos han cimbrado a la sociedad, como el de Genaro García, preso en EU por narcotráfico; el de Hernán Bermúdez, acusado de dirigir al grupo La Barredora o el de la edil de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila, señalada de nexos con Nemesio Oceguera líder CJNG.
