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El contrato, por 1.1 millones de pesos, fue asignado por adjudicación directa para la producción de una miniserie sobre la organización de la elección judicial
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindaron públicamente de la adjudicación directa de un contrato para la producción de un documental sobre la elección judicial, luego de que se revelara que el proveedor beneficiado había estado vinculado previamente a irregularidades en contratos públicos.
El contrato, por 1.1 millones de pesos, fue asignado por adjudicación directa para la producción de una miniserie documental sobre la organización de la elección judicial, un proceso inédito que definirá la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano. La polémica surgió debido a que el proveedor había sido relacionado con un caso de corrupción en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo exdirector fue sentenciado por peculado.
Ante los señalamientos, consejeras electorales aclararon que no participaron en la idea, autorización ni contratación del proyecto. Subrayaron que las consejerías no tienen atribuciones para decidir sobre la adquisición de bienes y servicios, ya que estas funciones corresponden a áreas técnicas como la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración y el Comité de Adquisiciones del Instituto.
La consejera Dania Ravel explicó que los procesos de contratación se rigen por el Reglamento de Adquisiciones del INE y que las consejerías no intervienen en la selección de proveedores ni en la producción de contenidos institucionales. Añadió que, en caso de irregularidades, deben ser las instancias administrativas y de control interno las que determinen responsabilidades.
El caso cobra relevancia en el contexto de la elección judicial, un proceso altamente sensible y observado, en el que el INE busca fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad institucional. Especialistas han advertido que cualquier opacidad en el manejo de recursos o en la contratación de servicios puede minar la credibilidad de un ejercicio que ya enfrenta cuestionamientos políticos y jurídicos.
Aunque hasta el momento no se han anunciado sanciones, el deslinde de los consejeros refleja la presión interna y externa sobre el INE para transparentar sus procesos administrativos, especialmente en un entorno de alta fiscalización pública y debate sobre el uso de recursos en actividades de comunicación institucional.
El Instituto señaló que continuará entregando información a través de los mecanismos de transparencia, mientras el tema permanece bajo revisión y escrutinio público.
