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Un video y testimonios documentan una detención arbitraria, golpiza y presunta extorsión cometidas por elementos de la Policía Municipal contra dos jóvenes trabajadores
REDACCION
GRUPO CANTÓN
Valle de Chalco volvió a quedar bajo escrutinio público tras difundirse una grabación que exhibe el actuar violento de elementos de la Policía Municipal. En el video se observa cómo dos jóvenes trabajadores son interceptados cuando regresaban a casa en motocicleta, derribados con uso excesivo de la fuerza, esposados y detenidos sin que mediara causa legal, en hechos ocurridos en la zona conocida como Puente Rojo.
La arbitrariedad no terminó en la calle. Ya en el Ministerio Público, y pese a que la motocicleta se encontraba en regla y no existía delito que perseguir, familiares denunciaron que se les exigió el pago de 2 mil 600 pesos por cada joven para permitir su liberación. El cobro, presuntamente realizado desde una institución encargada de impartir justicia, configura un posible delito de extorsión y agrava la responsabilidad de la cadena de mando.
El episodio no es un hecho aislado. Registros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) dan cuenta de miles de quejas contra policías municipales por detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. En Valle de Chalco, la reiteración de señalamientos apunta a una corporación sin control efectivo, operando con margen de impunidad.
La responsabilidad política recae en el comisario José Alfredo Villarreal García, pero también en el presidente municipal Alan Velasco Agüero, bajo cuya administración se han multiplicado las denuncias por abusos.
La falta de depuración, capacitación y supervisión ha convertido a la policía local en un factor de riesgo para la ciudadanía, mientras la delincuencia común persiste.
Ante la evidencia videográfica y los testimonios, vecinos y organizaciones civiles exigen la intervención inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la CODHEM para investigar los delitos de abuso de autoridad, lesiones y extorsión. En Valle de Chalco, la exigencia es clara: sanciones ejemplares y un alto a una práctica que vulnera derechos y erosiona la confianza pública.
