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La presidenta municipal de El Oro enfrenta ocho procedimientos administrativos abiertos por la Contraloría del Poder Legislativo local, derivados de denuncias por presuntas violaciones a la ley
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La gestión de la alcaldesa de El Oro, Juana Díaz Peñaloza, se encuentra bajo escrutinio institucional. La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México mantiene activos ocho procedimientos administrativos en su contra, tras una serie de denuncias que apuntan a posibles violaciones a la normatividad municipal y a prácticas que podrían configurar faltas administrativas graves.
De acuerdo con información oficial, las investigaciones derivan de 14 quejas iniciales, de las cuales procedieron aquellas relacionadas con despidos injustificados, irregularidades en nombramientos, adeudos a trabajadores y un expediente por presuntos actos de corrupción presentado en diciembre por el síndico municipal, Ubaldo Velázquez. Este último señalamiento es considerado el más delicado por su posible impacto legal y político.
El contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, confirmó que los procedimientos ya fueron iniciados y que se garantizará el derecho de audiencia de la presidenta municipal y de otros servidores públicos involucrados.
No obstante, reconoció que el avance de las investigaciones depende de la entrega oportuna de información por parte del ayuntamiento, un factor que podría retrasar el esclarecimiento de los hechos.
El conflicto administrativo escaló al terreno político. El cabildo de El Oro permanece dividido: siete regidores y el síndico han exigido públicamente la destitución de Díaz Peñaloza y han llevado sus denuncias a otras instancias, incluida la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre los señalamientos adicionales figura incluso el presunto robo del sello oficial del ayuntamiento, hecho que agravó la confrontación interna.
Durante el último año, ciudadanos han protagonizado protestas y movilizaciones ante la falta de acuerdos y la parálisis institucional. La tensión obligó a la intervención del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, quien, por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez, intentó mediar para restablecer la gobernabilidad.
El caso de El Oro exhibe las fracturas del poder local y pone a prueba la eficacia de los órganos de control. Mientras las investigaciones avanzan entre plazos legales y disputas políticas, la ciudadanía permanece a la espera de que las responsabilidades se determinen con claridad y sin subordinación a intereses partidistas.
