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Inició la Comisión de Derechos Humanos del Edomex una investigación de oficio por presuntos casos reiterados de acoso escolar en dos secundarias de Toluca
REDACCIÓN
La violencia escolar volvió a encender las alertas en Toluca. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación de oficio tras recibir señalamientos de presunto bullying sistemático en la Secundaria Oficial No. 12 “Héroes de la Independencia” y en la Secundaria Técnica No. 159 “Octavio Paz”, donde estudiantes habrían sido víctimas de agresiones físicas, insultos y hostigamiento constante.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se habrían prolongado durante varias semanas sin que existiera una intervención efectiva por parte de las autoridades escolares, lo que permitió que las conductas violentas se repitieran dentro de los planteles.
La Codhem indaga ahora si existieron omisiones en la aplicación de los protocolos obligatorios para prevenir y atender la violencia entre pares, así como posibles responsabilidades administrativas de directivos y personal docente involucrado.
Padres de familia relatan que sus hijos regresaban a casa con miedo, ansiedad y cambios evidentes en su comportamiento. Algunos aseguran haber denunciado la situación ante las escuelas sin obtener una respuesta clara. “Aquí nadie hizo nada hasta que el problema se salió de control”, reprochó una madre de familia, vecina de la zona, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias.
La preocupación no se limita a las aulas. Vecinos señalan que el ambiente de tensión se extendió a los alrededores de los planteles, donde hoy se percibe un clima de desconfianza, enojo social e incertidumbre. Para la comunidad, el acoso escolar no es un conflicto menor, sino una falla grave en espacios que deberían garantizar seguridad y desarrollo integral.
El organismo defensor de derechos humanos busca establecer cómo, cuándo y por qué se permitió la repetición de estas conductas, así como determinar medidas de reparación y de no repetición. El caso abrió un debate urgente sobre la fragilidad de los mecanismos de protección a la infancia y la necesidad de acciones inmediatas para frenar una violencia que, cuando se ignora, deja huellas profundas en estudiantes y familias del Estado de México.
