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Desde su creación tras la reforma constitucional de 2019, la GN ha acumulado un total de 2 mil 203 quejas ante la CNDH
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Durante el 2025, la Guardia Nacional (GN) recibió 387 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, lesiones y uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Sin embargo, pese a este volumen de quejas, la CNDH solo emitió una recomendación formal relacionada con estos casos durante ese año, lo que representa aproximadamente 0.26 % de las quejas registradas.
Desde su creación tras la reforma constitucional de 2019, la GN ha acumulado un total de 2 mil 203 quejas ante la CNDH y únicamente 14 recomendaciones emitidas por violaciones a derechos humanos. Entre los principales señalamientos destacan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada.
Especialistas en seguridad y derechos humanos han señalado que la forma en que la CNDH procesa las quejas puede influir en la baja cantidad de recomendaciones. Explican que muchas quejas se resuelven mediante “orientación”, una figura en la que se da un consejo mínimo a la víctima sin reconocer formalmente la violación de derechos humanos, lo que reduce el número de recomendaciones formales emitidas.
La GN, creada para sustituir a la Policía Federal como principal cuerpo de seguridad pública en México, cuenta con una estructura que mezcla personal civil y elementos de las fuerzas armadas. Datos recientes señalan que, al cierre de 2023, más de 130 mil elementos componían la corporación, con la mayoría adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Organismos defensores de derechos humanos han criticado la actuación de la GN y la respuesta institucional, argumentando que la baja proporción de recomendaciones frente al número de quejas refleja una falta de sanción efectiva y de mecanismos que garanticen justicia para las víctimas.
El tema se vuelve relevante en el debate público sobre la militarización de la seguridad pública y el papel de las fuerzas federales en labores civiles, un asunto que ha generado controversia por años entre especialistas, organizaciones sociales y sectores políticos.
