97 lecturas
Por Juan R. Hernández
Mientras la gente de Ricardo Salinas Pliego ya anda viendo cómo y cuándo pagar, en la trinchera baja la realidad es otra: Banco Azteca y Grupo Elektra arrancaron una jornada desesperada para exprimir hasta el último peso, aunque en el camino se pisoteen leyes, derechos y sentido común.
Las llamadas llegan a cualquier hora. Amenazas, insultos y hostigamiento sin filtro. Ahí van algunos números: 5544361173, 5599934856, 5515579336, 5599919885, entre otros tantos que usa un call center convertido en brazo de presión. ¿La joya del abuso? No importa si el número es equivocado. El que contesta “debe” pagar, sí o sí. De lo contrario, el castigo es simple: llamadas eternas, día y noche. ¿Exageración? Treinta y siete llamadas en un solo fin de semana, con tres nombres distintos para la misma persona.
¿Y la base de datos? Inexistente o deliberadamente ignorada. Los ejecutivos actúan como verdaderos chacales financieros, amedrentando a quien se deje. ¿La Condusef? ¿La Profeco? Ir a denunciar suele ser una pérdida de tiempo. La pregunta es clara: ¿quién protege realmente al usuario?
Y mientras el ciudadano común enfrenta este acoso institucionalizado, la clase política se refugia en discursos reciclados. Ahí está la diputada panista Frida Guillén, exigiendo mayor presencia policial en escuelas por el asedio del crimen organizado a jóvenes. Dice lo obvio: que hay acoso, amenazas, venta de drogas y deserción escolar. Todo cierto. Todo sabido.
Propone cámaras, más vigilancia, más llamados. Pero los resultados no aparecen. Las gestiones se acumulan, los oficios se envían, y la realidad sigue igual: autoridades rebasadas y jóvenes a su suerte.
Al final, el ciudadano queda atrapado entre dos fuegos: el acoso financiero legalizado y la inseguridad cotidiana, mientras unos cobran como pueden y otros prometen lo que nunca cumplen. En ambos casos, la factura siempre la paga el mismo.
