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MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
Vecinos, líderes sociales y ediles de oposición coinciden en un diagnóstico incómodo para el gobierno municipal de Zumpango: el conflicto por la clausura de minas de arena y material pétreo en las inmediaciones de la Laguna de Zumpango no es resultado de una acción responsable, sino la consecuencia de años de omisión institucional y decisiones unilaterales mal planeadas.
Durante 2025 y en lo que va de 2026, la administración encabezada por la alcaldesa Roselia Veridiana García Alquicira ordenó el cierre de diversas explotaciones mineras en una zona considerada Área Natural Protegida y estratégica para la recarga del acuífero del Valle de México. Sin embargo, lejos de desactivar un problema ambiental de fondo, la medida detonó bloqueos carreteros, protestas de trabajadores, afectaciones a la movilidad regional y un creciente conflicto social.
Habitantes de comunidades aledañas a la laguna, como San Juan Zitlaltepec y San Pedro de la Laguna, señalan que la extracción de material pétreo no comenzó recientemente. “Aquí llevamos años viendo pasar decenas de camiones diarios sin que el Ayuntamiento dijera nada. Ahora cierran de golpe y nos quieren vender que es por el medio ambiente”, reprocha un representante vecinal que ha documentado el tránsito constante de hasta un centenar de camiones por día.
Regidores de oposición han cuestionado públicamente que la clausura se haya ejecutado sin presentar estudios técnicos visibles, dictámenes ambientales actualizados ni resoluciones jurídicas que acrediten la competencia directa del municipio. A su juicio, el gobierno local actuó de manera reactiva y sin coordinación con autoridades estatales y federales, pese a que algunas minas contaban -según sindicatos y transportistas- con permisos otorgados por otras instancias.
Analistas en gestión ambiental advierten que el problema es más profundo. Estudios oficiales y diagnósticos académicos sobre la Laguna de Zumpango, alertan desde hace años sobre el deterioro del ecosistema, la pérdida de biodiversidad y la afectación a la recarga hídrica. No obstante, el municipio carece de un programa integral de restauración ambiental, vigilancia permanente y ordenamiento territorial que prevenga este tipo de actividades en zonas sensibles.
