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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La red de protección judicial volvió a activarse en favor de uno de los personajes más representativos del priismo mexiquense. Isidro Pastor Medrano, exdirigente estatal del PRI y exfuncionario de administraciones pasadas, obtuvo una suspensión provisional que lo blinda, por ahora, de cualquier orden de aprehensión que no implique prisión oficiosa, en una maniobra legal que avivó el golpeteo político en la entidad.
La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal, que condicionó el beneficio al pago de una garantía económica de 50 mil pesos en un plazo de cinco días.
Aunque se trata de una medida temporal, el amparo refuerza la percepción de que ciertos actores políticos cuentan con un acceso privilegiado a la justicia federal.
El antecedente inmediato alimenta la polémica. En noviembre de 2025, Pastor Medrano fue exonerado por un juez federal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la adquisición de un inmueble en 2013.
Para críticos y analistas, este historial de resoluciones favorables no es casual, sino parte de un sistema político arraigado que se protege a sí mismo.
La trayectoria del exlíder priista está ligada a gobiernos que marcaron una época de control político en el Estado de México, una estructura que, pese a los cambios de discurso, sigue operando mediante recursos legales y alianzas institucionales.
En comunidades golpeadas por la impunidad, el caso se lee como una afrenta directa.
Más allá del expediente, el amparo exhibe una problemática persistente: mientras a los ciudadanos comunes se les exige enfrentar la justicia sin atajos, figuras del viejo régimen recurren a tribunales para ganar tiempo y evadir responsabilidades. El mensaje político es contundente y corrosivo para la credibilidad institucional.
