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Propuesta no implica comprar nuevos equipos ni aumentar el gasto en seguridad, sino proteger y conservar la infraestructura ya existente
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- Con más de 9 millones de habitantes y una población flotante diaria que incrementa la presión sobre la seguridad, la Ciudad de México enfrenta un reto mayúsculo en materia de vigilancia. A la red de más de 83 mil cámaras operadas por el Gobierno capitalino se suman cientos más adquiridas por vecinos a través del presupuesto participativo, cuya operación y mantenimiento hoy están en el centro del debate legislativo.
Ante el pleno de la Comisión Permanente, la diputada del PAN, Liz Salgado Viramontes, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías, con el objetivo de obligar a estas demarcaciones a registrar, dar mantenimiento y garantizar el funcionamiento permanente de las cámaras de videovigilancia financiadas con recursos ciudadanos.
La legisladora dejó claro que la propuesta no implica comprar nuevos equipos ni aumentar el gasto en seguridad, sino proteger y conservar la infraestructura ya existente, pagada directamente por los vecinos. El problema, advirtió, es que muchos de estos dispositivos dejan de funcionar tras concluir el primer año de garantía, quedando abandonados y sin utilidad.
Salgado subrayó que esta situación genera desperdicio de recursos públicos, frustración ciudadana y pérdida de condiciones de seguridad en colonias donde la vigilancia es clave. Con la reforma, dijo, se busca dar certeza jurídica sobre la responsabilidad de las alcaldías, proteger la inversión vecinal y fortalecer la confianza en los mecanismos de participación ciudadana.
“La iniciativa no politiza la seguridad, la ordena. No crea más burocracia, crea responsabilidad”, sostuvo la diputada panista, al enfatizar que el reto es claro: cuidar los recursos públicos, fortalecer la seguridad y honrar la voz de la ciudadanía que apostó por vigilar sus comunidades.
