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REDACCIÓN
La desconfianza volvió a instalarse entre calles y banquetas de Toluca. Tras el anuncio del presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, sobre la colocación de parquímetros en zonas de alta afluencia, vecinos y familias expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se repitan prácticas que en el pasado afectaron directamente la economía y la vida cotidiana de la población.
Integrantes de la asociación Vecinos Organizados de Toluca denunciaron que la medida carece, hasta ahora, de información pública suficiente y de estudios técnicos que justifiquen su alcance. Señalan que en administraciones anteriores el sistema de parquímetros se tradujo en sanciones discrecionales, cobros excesivos y la cesión del espacio público a empresas privadas sin beneficios visibles para la ciudad.
“Vivimos el abuso en carne propia. El parquímetro se volvió un instrumento de hostigamiento y no de orden”, relató una vecina del Centro Histórico, quien recordó cómo comerciantes, adultos mayores y visitantes eran multados de forma constante. Para muchas familias, el impacto fue directo en sus ingresos y en el acceso a servicios básicos, especialmente en zonas hospitalarias.
Los vecinos no rechazan la regulación vial, pero insisten en que debe construirse con participación ciudadana. Por ello, proponen la instalación de una contraloría social que revise contratos, supervise la operación diaria y garantice que los recursos recaudados se destinen a mejoras urbanas tangibles, como seguridad, mantenimiento y movilidad.
La exigencia refleja una problemática social persistente: la falta de confianza en la gestión pública. Habitantes de Toluca demandan que esta vez las decisiones no se tomen a puerta cerrada y que el orden no vuelva a convertirse en sinónimo de abuso. Para ellos, el verdadero control no está en el parquímetro, sino en la vigilancia ciudadana.
