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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Ixtapaluca, la actividad comercial enfrenta un escenario de presión constante que, según empresarios y locatarios, tiene su origen en el propio gobierno municipal.
Dueños de negocios denunciaron que la Dirección de Desarrollo Económico utiliza inspecciones y trámites administrativos como herramientas de extorsión, exigiendo pagos en efectivo o la entrega de artículos de alto valor a cambio de “dejar trabajar” a los establecimientos.
Los hechos, de acuerdo con los testimonios, se han intensificado en los últimos meses. Funcionarios municipales acuden a los comercios para solicitar apoyos económicos destinados a eventos oficiales o actividades del Ayuntamiento, advirtiendo de manera velada que la negativa derivará en revisiones sorpresa, sanciones económicas o incluso la clausura temporal o definitiva. “No es una solicitud voluntaria, es una amenaza disfrazada de trámite”, relató un comerciante del centro del municipio.
El impacto de estas prácticas es grave en un municipio donde la mayoría de las unidades económicas son micro y pequeños negocios, muchos de ellos de carácter familiar. Para los afectados, una multa injustificada o un cierre representa pérdidas irreparables y el riesgo de desaparecer. Lejos de impulsar el desarrollo económico, acusan, la autoridad local ha convertido la regulación en un mecanismo de presión.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Ixtapaluca no ha emitido una postura pública frente a los señalamientos. Este silencio, advierten los empresarios, refuerza la percepción de impunidad y falta de control interno. Ante la ausencia de respuestas, los comerciantes anunciaron que presentarán denuncias ante instancias estatales y órganos fiscalizadores, con el objetivo de que se investiguen posibles responsabilidades administrativas y penales. Para el sector productivo, el problema ya no es individual, sino un síntoma de un gobierno municipal que ha fallado en su obligación de proteger, y no hostigar, a quienes sostienen la economía local.
