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Mario López
GRUPO CANTÓN
La desaparición y posterior localización sin vida del menor Cristopher Gael Morales Montiel, ocurrida entre noviembre de 2025 y enero de 2026, no solo expuso una tragedia humana, sino que detonó un escenario de presión política impulsada por grupos y colectivos ajenos al municipio, en un contexto marcado por la falta de una postura pública clara por parte del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Rosa Elva Barrera Flores.
Si bien la indignación social fue legítima, en las semanas posteriores al hallazgo del cuerpo, se intensificaron movilizaciones, pronunciamientos y campañas en redes sociales promovidas por organizaciones sin presencia permanente en Hueypoxtla, que dirigieron el reclamo directamente contra la edil, sin distinguir con precisión las competencias legales entre autoridades municipales y estatales.
Especialistas en seguridad pública y derechos humanos han señalado que, conforme al marco jurídico vigente, la investigación de los casos de desaparición corresponde principalmente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mientras que los ayuntamientos tienen funciones de apoyo, prevención y coordinación, pero no la conducción ministerial de las indagatorias.
No obstante, la administración de Rosa Elva Barrera Flores quedó expuesta por una omisión política y comunicacional, al no fijar una postura institucional firme, transparente y oportuna que informara a la ciudadanía sobre las acciones realizadas, delimitara responsabilidades y evitara que el caso fuera capitalizado por actores externos con intereses ajenos a la dinámica local.
De acuerdo con datos oficiales, el Estado de México concentra uno de los mayores índices de reportes de personas desaparecidas a nivel nacional, una problemática estructural que rebasa a los gobiernos municipales. Sin embargo, en Hueypoxtla, la ausencia de liderazgo público permitió que una tragedia local se transformara en un conflicto político alentado desde fuera del municipio.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial que acredite responsabilidad directa del ayuntamiento en la desaparición y muerte del menor. El caso continúa bajo investigación estatal, mientras persiste la exigencia social de justicia, verdad y autoridades que asuman su responsabilidad política antes de que el silencio vuelva a abrir espacio a la presión y la manipulación externa.
