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A cuatro años de la administración de la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, Valle de Bravo evidencia un grave rezago social, mientras áreas turísticas reciben inversión
MARIO LÓPEZ
GRUPO CANTÓN
Mientras Valle de Bravo es promovido como destino turístico de alto nivel, la desigualdad en el acceso a servicios básicos sigue marcando la vida cotidiana de miles de habitantes, especialmente en comunidades rurales y zonas periféricas del municipio. Datos oficiales confirman que el desarrollo no ha sido equitativo.
De acuerdo con información del INEGI y CONEVAL, más del 27 % de la población es vulnerable por carencias sociales y al menos un tercio de las viviendas presenta rezagos en agua potable, drenaje o infraestructura básica.
Localidades como San Juan Atezcapan, Mesa Rica, Cerro Gordo y comunidades de la zona alta continúan enfrentando tandeo de agua, calles sin pavimentar y servicios públicos insuficientes, en contraste con zonas turísticas como Avándaro y La Peña.
Estudios sobre turismo residencial, consultados por Diario Basta! y Edomex Hoy, advierten que la inversión pública se ha concentrado en áreas de interés turístico, mientras que las comunidades donde habita la mayoría de la población quedan rezagadas. Esta desigualdad territorial no solo es visible, sino estructural y persistente.
La responsabilidad política recae directamente en la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, quien ha gobernado Valle de Bravo durante cuatro años consecutivos. En ese periodo, no se ha logrado revertir la brecha entre zonas turísticas y comunidades locales, ni existe información pública clara que demuestre una distribución equitativa del presupuesto municipal por localidades.
Funcionarios en servicio y edites de oposición coinciden en la falta de transparencia en el desglose territorial del gasto, la priorización de la imagen urbana sobre el bienestar comunitario y la ausencia de una política social integral “evidencian”, omisión y falta de planeación. La desigualdad en Valle de Bravo no es un fenómeno reciente, pero su permanencia bajo la actual administración confirma una deuda social que sigue sin “saldarse”.
