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Integrantes de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun se manifestaron frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, para denunciar el cierre de más de una veintena de restaurantes
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El lunes, la explanada del Palacio de Gobierno se convirtió en escenario de reclamo social. Vecinos, comerciantes y transportistas coincidieron en una denuncia común: el cierre de restaurantes carreteros, ejecutado —afirman— sin sustento legal, ha provocado una crisis silenciosa que golpea de forma directa a hogares enteros que dependen de esos ingresos para sobrevivir.
Entre pancartas y consignas, los afectados relataron cómo los operativos irrumpieron de manera sorpresiva en sus negocios. Sin mostrar órdenes de cateo, personal ministerial, acompañado por fuerzas federales, colocó sellos de clausura y dejó a familias completas sin su única fuente de empleo. “No somos criminales, somos gente que trabaja de sol a sol”, expresó Manuel Mendoza García, presidente de Tamexun, al señalar que muchos establecimientos tenían décadas operando de manera regular.
Las autoridades justificaron las acciones bajo presuntas investigaciones por delitos de alto impacto. Sin embargo, los manifestantes rechazaron tajantemente esas acusaciones y denunciaron un patrón reiterado de abusos. Vecinas narraron que, tras el cierre, funcionarios condicionaron la reapertura al pago de multas que alcanzan los 90 mil pesos, una cifra impagable para pequeños comerciantes.
El impacto social es evidente. Restaurantes cerrados, empleados despedidos y familias endeudadas forman parte del saldo que hoy se observa en estas rutas. Adultos mayores y madres solteras, señalaron, quedaron en la indefensión total, mientras los expedientes se estancan en trámites interminables.
La protesta se mantuvo pacífica, aunque el mensaje fue contundente. Exigen una mesa de diálogo inmediata, la revisión de los procedimientos y la reapertura de los negocios que, aseguran, fueron clausurados de forma arbitraria. Para los inconformes, el problema trasciende lo administrativo: se trata de defender el derecho al trabajo y frenar una práctica que, advierten, puede repetirse en cualquier comunidad.
