Visitas
Una denuncia penal del tesorero municipal destapó un presunto control ilegal de cuentas de la alcaldesa Juana Díaz Peñaloza, además del bloqueo operativo de la Tesorería
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Ayuntamiento de El Oro enfrenta una crisis de alto voltaje político tras la denuncia penal presentada por el tesorero municipal, Carlos Felipe Sánchez Florentino, quien acusa a la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, de asumir de manera irregular el control de las cuentas bancarias del municipio desde el pasado 19 de diciembre. El señalamiento, presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, apunta a un presunto secuestro financiero de la administración local.
De acuerdo con la acusación, la alcaldesa habría concentrado de forma unilateral las firmas y facultades para autorizar movimientos de recursos públicos, dejando fuera a la Tesorería y rompiendo los controles institucionales básicos. Ante este escenario, el propio tesorero notificó su deslinde de cualquier operación financiera, al advertir que no existen condiciones legales ni administrativas para garantizar un manejo transparente del erario.
La denuncia sostiene que el control de las finanzas se consolidó mediante actos de presión y fuerza. Entre ellos, el uso de elementos policiales para limitar el acceso del personal a las oficinas de Tesorería, así como cambios de personal realizados sin sustento normativo y con la presunta anuencia de la contralora interna, María Elena Bautista Togo. Estas acciones, señala el documento, vulneran derechos laborales y colocan al municipio en un estado de indefensión jurídica.
El conflicto financiero se suma a una cadena de tensiones políticas y sociales que mantienen paralizada a la administración municipal. Servicios públicos deteriorados, inconformidad ciudadana y protestas constantes reflejan un gobierno fracturado, incapaz de ofrecer estabilidad. Incluso, trabajadores despedidos y funcionarios inconformes han solicitado al Congreso local iniciar un proceso de destitución contra la alcaldesa.
El caso de El Oro perfila un escenario donde la discrecionalidad sustituye a la legalidad, el erario queda expuesto y la gobernabilidad se erosiona. Mientras la Fiscalía revisa las acusaciones, el municipio permanece atrapado en una disputa de poder que amenaza con profundizar el colapso administrativo.
