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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La fractura política en Chalco, ya es visible y tiene nombre propio: Santa Catarina Ayotzingo. La comunidad, uno de los pueblos originarios más antiguos del municipio, decidió llevar su inconformidad al límite e iniciar el camino legal para convertirse en el municipio número 126 del Estado de México, una decisión que evidencia el desgaste y la falta de respuesta del gobierno municipal, hoy encabezado por Abigaíl Sánchez Martínez.
Respaldados por más de 15 mil firmas ciudadanas, los promotores del movimiento ingresaron su solicitud ante el Congreso local, argumentando que Ayotzingo cumple con todos los requisitos legales, incluida una población superior a los 64 mil habitantes. Para los habitantes, la separación no es un acto simbólico, sino una salida política ante lo que califican como incapacidad crónica del Ayuntamiento de Chalco para resolver problemas elementales.
Juan Mejía, integrante del Comisariado Ejidal, sostiene que la inconformidad tiene raíces profundas. Denuncia que, administración tras administración, los barrios y colonias de Ayotzingo han padecido carencias en agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad y pavimentación. Bajo el actual gobierno municipal, aseguran, el rezago no solo persiste, sino que se ha normalizado. “No hay planeación ni obras de fondo; seguimos siendo invisibles para el Ayuntamiento”, acusa.
La molestia social se ha traducido en una postura política clara: romper con Chalco. Los seis barrios originarios y once comunidades modernas coinciden en que la autonomía permitiría administrar directamente recursos y prioridades, algo que, afirman, el gobierno de Abigaíl Sánchez no ha sabido ni querido hacer.
El proceso cuenta con acompañamiento jurídico, y ya es analizado por la Legislatura mexiquense, donde incluso se reconoce que el proyecto tiene viabilidad legal. Mientras tanto, el silencio del gobierno municipal frente a esta posible escisión, refuerza la narrativa de abandono. En Ayotzingo, la separación no se entiende como ambición territorial, sino como una denuncia política contundente contra una administración local rebasada por su propia ineficiencia
