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Advierte que carece de rigor técnico y contradice los propios procedimientos reconocidos por la administración capitalina
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La actuación del gobierno capitalino en el caso del Refugio Franciscano–Haghenbeck volvió a quedar bajo la lupa. La activista Lucía Hernández, titular de Yo Amo la Ciencia, a través de sus redes sociales criticó duramente el peritaje presentado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Fiscalía capitalina, al advertir que carece de rigor técnico y contradice los propios procedimientos reconocidos por la administración de Clara Brugada.
La activista se refirió a un video difundido en redes oficiales de la Jefa de Gobierno, en el que médicos veterinarios admiten que apenas comenzaron la evaluación clínica individual de los animales trasladados, con revisión física, clasificación de urgencias y valoración de comportamiento. Para Hernández, este reconocimiento es clave: confirma que no existieron diagnósticos previos ni historias clínicas completas antes del retiro de los animales.
“Un peritaje técnico debe incluir exploración física, diagnósticos médicos, estudios de laboratorio, registro de enfermedades y evaluación etológica. Sin eso, no existe peritaje”, subrayó. Añadió que sin diagnósticos individualizados es imposible determinar sufrimiento, estrés crónico, agresividad inducida o riesgos de manejo, elementos indispensables para acreditar maltrato animal.
Hernández cuestionó además qué hicieron las autoridades durante casi un mes de presencia en el predio, si apenas ahora se está evaluando clínicamente a los animales. “Lo que se publicó confirma que el gobierno no actuó con rigor técnico”, sentenció.
La activista también señaló una exclusión política dentro del propio gobierno capitalino.
Destacó que la titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), Ana Villagrán, estuvo presente en la conferencia sobre el traslado de los animales, pero no fue mencionada ni colocada junto a la Jefa de Gobierno. En su lugar, Brugada presentó a la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la SSC, una instancia sin atribuciones en materia de protección animal.
AGATAN, recordó Hernández, es el organismo obligado por ley a coordinar los protocolos de protección animal. Su marginación, dijo, evidencia desorden institucional y falta de confianza interna.
Con casi mil animales involucrados, el caso Franciscano exhibe —advirtió— irregularidades, conflictos de interés y uso excesivo de la fuerza pública. Para Hernández, más que proteger a los seres sintientes, el gobierno capitalino intenta sostener la imagen de una “ciudad animalista”, sin sustento técnico ni transparencia real.
