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El incremento anunciado en las tarifas de acceso a diversas zonas arqueológicas del país detonó inconformidad social entre vecinos y familias que habitan en alrededores de estos sitios históricos
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El anuncio del aumento en las tarifas de ingreso a zonas arqueológicas emblemáticas encendió el descontento en comunidades que por décadas han convivido con estos vestigios históricos. Para vecinos y familias, la medida no representa una acción de preservación, sino un acto de exclusión que los aleja, de un patrimonio, que consideran propio, heredado y parte esencial de su vida cotidiana.
“Para nosotros no es turismo, es identidad. Aquí crecimos y aquí trajimos a nuestros hijos a aprender de su historia”, relata Rosa Hernández, vecina de una comunidad cercana a Teotihuacán. Advierte que, con los nuevos precios, muchas familias locales dejarán de acudir a estos espacios que antes formaban parte de su entorno habitual. “Ahora parece que solo quien tenga dinero podrá conocerlos”, lamenta.
Especialistas en patrimonio cultural advierten que el problema va más allá del costo económico. El arqueólogo Armando Trujillo Herrada señala que, si bien la conservación requiere recursos, estos no deben obtenerse sacrificando el acceso social. “El patrimonio existe para ser compartido; cuando se limita, se rompe el lazo entre la gente y su historia”, explica.
Vecinos y académicos coinciden en la necesidad de esquemas diferenciados que garanticen el acceso gratuito o preferencial a comunidades locales, estudiantes y sectores vulnerables. Insisten en que la preservación debe caminar junto al derecho cultural. “La historia no puede ser un lujo”, advierten. El reclamo es directo: cuidar las piedras no debe implicar olvidar a la gente que les dio sentido por generaciones.
“Nuestros abuelos ayudaron a cuidar estos lugares cuando nadie los valoraba. Hoy nos cobran como si fuéramos extraños”, reclama Manuel Chan, padre de familia y artesano.
La inconformidad se repite en regiones como Yucatán, Oaxaca y el Valle de México, donde habitantes señalan una contradicción entre el discurso oficial que enaltece las raíces prehispánicas y una política que, en los hechos, las vuelve inaccesibles.
