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Las denuncias por exceso de niveles, tala de árboles y falta de permisos se suman a investigaciones por presunta corrupción inmobiliaria, mientras la presión sobre servicios y la vivienda aumenta
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- Durante 2025, la alcaldía Benito Juárez registró 58 desarrollos irregulares, colocándola entre las demarcaciones con mayor número de quejas por esta situación. Las denuncias estuvieron relacionadas principalmente con falta de permisos visibles, exceso de niveles de construcción, ruido fuera de norma, daños a predios colindantes y tala de árboles sin autorización, según datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). Además, hubo 428 denuncias por obras y desarrollos irregulares en toda la Ciudad de México.
Las quejas se intensificaron por el exceso de desarrollos inmobiliarios y las presuntas irregularidades en la construcción de edificios habitacionales, en colonias como Narvarte, Del Valle, Nápoles y Portales, donde se concentraron buena parte del descontento vecinal por obras que, aseguran, rebasan la capacidad urbana y afectan su calidad de vida.
En el mismo periodo, autoridades de la alcaldía realizaron 378 visitas de verificación a obras en proceso, lo que derivó en la suspensión de 79 construcciones por incumplir la normatividad urbana y de protección civil. Las suspensiones se concentraron en desarrollos de vivienda vertical que excedían el uso de suelo permitido o carecían de medidas adecuadas de seguridad.
La inconformidad vecinal también se vio alimentada por las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario”. Hasta finales de 2025, la Fiscalía reportó alrededor de 55 carpetas de investigación vinculadas con presuntos actos de corrupción en la autorización de desarrollos inmobiliarios, muchos de ellos ubicados en Benito Juárez, lo que reforzó la percepción ciudadana de un crecimiento urbano desordenado y con posibles beneficios indebidos para desarrolladores.
Vecinos han señalado que el aumento de edificios ha provocado una mayor presión sobre servicios como el agua, el drenaje y la movilidad, además de un encarecimiento acelerado de la vivienda, que favorece procesos de gentrificación y el desplazamiento de familias que han habitado la zona durante décadas. En algunos casos, también han advertido sobre la venta de departamentos en proyectos con conflictos legales o administrativos aún no resueltos.
El conflicto por el desarrollo inmobiliario en Benito Juárez se consolidó como uno de los principales debates urbanos del año, y todo apunta a que seguirá siendo un tema central en la agenda pública de la Ciudad de México en 2026.
