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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Naucalpan, la tarde que marcaba el cierre del año terminó convertida en luto permanente. Diego Antonio, de apenas seis años, fue atropellado frente a su casa, en la colonia Predio Las Colonias, mientras jugaba a unos metros de su familia. El impacto fue fulminante. El pavimento se convirtió en el último escenario de su infancia y, desde entonces, la calle quedó atravesada por el dolor y la rabia de una comunidad que no encuentra respuestas.
La versión de la conductora, identificada como Cristina N., apuntó a una presunta falla mecánica en los frenos. Sin embargo, quienes presenciaron el hecho relatan otra secuencia. “La camioneta no se detuvo, siguió avanzando. Hubo gritos, empujones y luego quiso irse. Si no la detienen, se escapa”, narró un vecino aún conmocionado.
La indignación se profundizó cuando un juez de Control otorgó a la imputada libertad condicional, fijando una fianza de 150 mil pesos y la obligación de firmas periódicas.
Para la familia, la resolución fue devastadora. “Mi hijo no es un trámite, no es una cifra. ¿Eso vale su vida?”, reclamó su madre, rodeada de veladoras y juguetes que quedaron intactos. La escena del duelo se transformó en un reclamo público contra un sistema que, aseguran, protege al responsable y revictimiza a quienes pierden a los suyos.
Vecinos se sumaron a la exigencia de justicia. “Aquí cualquiera puede matar con un coche y salir caminando. Ese es el mensaje que mandan”, denunció un residente con más de dos décadas en la colonia. Aunque la imputada no ha cubierto la fianza y permanece recluida, la molestia persiste por el precedente judicial y la sensación de que la muerte de un niño puede resolverse con dinero.
El caso de Diego expuso una herida social más amplia. En el Estado de México, los atropellamientos figuran entre las principales causas de muerte infantil. Para las familias, no son estadísticas: son ausencias que no regresan. “Nuestros hijos ya no juegan en la calle. Vivimos con miedo”, confesó una vecina.
La colonia anunció movilizaciones para exigir prisión preventiva y un cambio en el trato judicial a los siniestros viales. Su demanda es clara: que la muerte de Diego no quede impune y que ninguna familia vuelva a descubrir que la vida de un niño puede valer menos que una fianza.
