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Enrique Vargas insiste en regresar a la presidencia municipal, su esposa, Romina Contreras, ya la ha ocupado en dos periodos. El matrimonio gobierna desde el 2015
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En Huixquilucan, el reloj político vuelve a marcar los mismos nombres de siempre. A pesar de los discursos de renovación, el escenario rumbo a 2027 revela la insistencia de Enrique Vargas del Villar por regresar a la presidencia municipal, cargo que ya ocupó en dos ocasiones y que posteriormente dejó en manos de su esposa, Romina Contreras. Hoy, ambos pretenden repetir la fórmula: mantenerse en el poder como si el municipio fuera propiedad privada y no una responsabilidad pública.
Bajo el argumento de “continuidad”, el proyecto político de Vargas busca volver a instalarse en el Palacio Municipal, respaldado por estructuras partidistas que, lejos de impulsar nuevos liderazgos, parecen cómodas con la idea de un dominio casi hereditario. Sin embargo, del otro lado está una ciudadanía cada vez más crítica, que cuestiona el intento de perpetuar una misma línea de gobierno disfrazada de estabilidad.
Vecinos y analistas locales advierten que Huixquilucan corre el riesgo de convertirse en un ejemplo claro de concentración de poder familiar. Lo que debería ser un ejercicio democrático se transforma en una competencia cerrada, en la que las posibilidades de alternancia parecen desvanecerse frente a la maquinaria política y mediática construida durante años.
El discurso oficial insiste en resultados, experiencia y cercanía, pero omitió señalar la otra cara: el desgaste social, la falta de apertura a nuevas visiones, la idea de que solo un apellido puede gobernar. Convertir el municipio en un bastión personal no solo limita la pluralidad, también envía un mensaje preocupante: el poder no se comparte, se hereda.
Mientras tanto, 2027 se acerca y Huixquilucan vuelve a escuchar el mismo apellido, la misma narrativa, la misma ambición. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la posibilidad real de que la democracia municipal deje de ser competencia y se convierta en rutina controlada. Porque cuando la política se vuelve patrimonio familiar, la ciudadanía termina quedando en segundo plano.
