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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El ministro Arístides Guerrero García propondrá el próximo 12 de enero que la Suprema Corte valide la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que derivó en el decreto de noviembre de 2020, con el cual fueron extinguidos 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fonden, y que permitió al gobierno federal acceder a más de 68 mil millones de pesos.
La propuesta se hará a través de proyectos que resolverán siete controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, que impugnaron la desaparición de estos fondos al considerar que la medida afectaba la autonomía financiera de los estados y vulneraba el pacto federal.
Los exgobernadores alegaron que la eliminación de los fideicomisos sustituyó reglas claras de asignación de recursos por un esquema discrecional del Ejecutivo federal, además de invadir áreas como protección civil, ciencia, medio ambiente y atención a víctimas.
Sin embargo, los proyectos del ministro Guerrero concluyen que las demandas son infundadas, al sostener que la desaparición de los fideicomisos no invade competencias estatales, sino que solo modifica los mecanismos de colaboración con la Federación, y reconoce la facultad del gobierno federal para reorganizar sus instrumentos de gasto y control del dinero público.
La decisión de la Corte podría cerrar uno de los litigios más relevantes derivados de la política de austeridad del actual gobierno.
