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La organización Brigada Callejera documentó tres casos de mujeres que perdieron la vida por negligencia institucional
JAVIER LETHER
GRUPO CANTÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia institucional en México no solo discrimina: mata. Así lo denunció la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” en entrevista con Diario Basta, al documentar una serie de omisiones del sistema de salud y justicia que derivaron en la muerte de al menos tres trabajadoras sexuales en los últimos meses, víctimas del abandono, la negligencia y la indiferencia de las autoridades.
La organización expuso los casos de Rocío Valdivia, María Ramírez y Karla, mujeres que murieron en condiciones que, de acuerdo con la denuncia, eran evitables. Rocío y María fallecieron por diabetes y cáncer, respectivamente, sin haber recibido atención médica oportuna, mientras que Karla murió atropellada en vía pública sin que ninguna ambulancia la auxiliara ni fuera trasladada a un hospital. Su cuerpo permaneció sin ser reclamado hasta que la propia organización intervino ante el Ministerio Público.
Para la Brigada Callejera, estos casos representan lo que llaman “la violencia del olvido institucional”, un patrón en el que hospitales, servicios de emergencia y dependencias de justicia niegan atención por prejuicios, falta de documentos o simple indiferencia, condenando a estas mujeres a morir fuera del sistema.
La denuncia va más allá de los casos individuales. De acuerdo con las investigaciones de la organización, el 73% de las violencias que sufren las trabajadoras sexuales proviene de servidores públicos, en un entramado que combina corrupción, prácticas clientelares y control sanitario coercitivo.
A este escenario se suma la violencia económica: tras la pandemia, los ingresos de las trabajadoras sexuales han caído 50%, mientras el costo de la canasta básica ronda los 910 pesos semanales por familia, lo que ha empujado a muchas a una situación de supervivencia extrema.
La organización también alertó que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en transfeminicidios, con ocho casos documentados en 2024, lo que exhibe un entorno de riesgo permanente para las mujeres trans y las trabajadoras sexuales.
