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JAVIER LETHER
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México, la compensación ambiental es una obligación legal para empresas y desarrolladores que generan impactos por obras de infraestructura, proyectos inmobiliarios o cambios de uso de suelo. Sin embargo, distintos casos muestran que estas medidas no siempre se cumplen o se realizan con falta de transparencia, pese a que la ley exige reparar los daños causados al medio ambiente.
El marco jurídico establece que quien provoca un impacto debe compensarlo. Este principio está contenido en leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que obligan a realizar acciones de restauración cuando un proyecto implica eliminación de vegetación, alteración de ecosistemas o cambio de uso de suelo.
Estas disposiciones buscan que el desarrollo urbano y económico no avance a costa del deterioro ambiental, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, donde el crecimiento urbano ejerce una presión constante sobre los recursos naturales.
No obstante, en la práctica, el cumplimiento de estas obligaciones ha sido cuestionado. En 2023, autoridades ambientales de Nuevo León informaron que, al revisar compromisos de compensación ambiental de desarrolladores correspondientes a los cinco años previos, detectaron que cerca del 80 por ciento de los proyectos no había cumplido con las medidas prometidas.
A nivel federal, otro caso que ha generado controversia es el del Tren Maya. Organizaciones ambientalistas presentaron una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo del T-MEC, al considerar que durante la construcción de algunos tramos no se aplicaron de manera adecuada los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
