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La Ciudad de México contaba con una norma ambiental (NADF-024-AMBT-2013) desde los tiempo del perredista hace 9 años
Ana E. Rosete
Desde 2017, la Ciudad de México contaba con una norma ambiental (NADF-024-AMBT-2013) que establecía criterios para la separación de residuos sólidos y promovía la entrega diferenciada de desechos desde los hogares. Durante ese año, el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera anunció una campaña para impulsar la separación obligatoria de la basura en distintos rubros; sin embargo, la medida no logró consolidarse ni aplicarse de manera generalizada.
Aunque el esquema fue difundido y presentado como un paso necesario para mejorar el manejo de residuos, la falta de disposición de una parte importante de la ciudadanía para separar su basura, sumada a la ausencia de mecanismos claros de supervisión, sanciones efectivas y una recolección verdaderamente diferenciada, provocó que la política quedara en gran medida en el terreno de la recomendación. En la práctica, la separación nunca se volvió una obligación plenamente exigible ni produjo los resultados esperados.
A casi una década de ese primer intento, el gobierno actual encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina lanzó en diciembre de 2025 la campaña “Transforma tu ciudad: cada residuo en su lugar”, con la que se establece que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio entregar los residuos separados en orgánicos, reciclables y no reciclables para su recolección.
Autoridades ambientales han reconocido que solo alrededor del 15 por ciento de los residuos que se generan actualmente en la ciudad llegan separados, lo que evidencia que el principal obstáculo histórico ha sido el cambio de hábitos de la población. Por ello, el nuevo esquema plantea no solo la obligatoriedad, sino también campañas de información, capacitación y ajustes en el sistema de recolección.
En este contexto, la estrategia impulsada por el actual gobierno no representa una política nueva, sino la reactivación y formalización de propuestas planteadas desde administraciones anteriores, que no prosperaron por la falta de participación ciudadana y una aplicación institucional limitada. La diferencia, aseguran las autoridades, será ahora el énfasis en el cumplimiento efectivo y la corresponsabilidad social.
