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Santa Úrsula, Xoco y Peñón de los Baños son algunos de los ejemplos emblemáticos de este proceso
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- En la última mitad de la década, más de 140 de los barrios y pueblos originarios —comunidades asentadas en el territorio de la capital desde tiempos prehispánicos o coloniales— han enfrentado un proceso de reducción y marginación institucional que amenaza su existencia simbólica y jurídica.
Lo que para muchos habitantes era parte intrínseca de la identidad urbana se ha convertido en un tema de lucha por la visibilidad y los derechos colectivos.
Hasta 2022, se contaban alrededor de casi 200 pueblos y barrios originarios dentro del actual territorio de la Ciudad de México. Sin embargo, en mayo de 2023, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) publicó en la Gaceta Oficial un listado que reconocía únicamente 50 de esas comunidades en el nuevo Sistema de Registro y Documentación.
Este ajuste implicó que, al menos, 147 pueblos y barrios originarios que antes eran considerados formalmente existentes ya no aparecieran en el registro oficial, lo que fue interpretado como un borrado administrativo de identidades históricas.
La desaparición del reconocimiento no solo afecta la memoria cultural, sino que tiene efectos prácticos importantes: acceso restringido a derechos colectivos, como la consulta previa, libre e informada, para proyectos urbanísticos en sus territorios; dificultad para participar en mecanismos de presupuesto participativo y en la elección de autoridades comunitarias; y vulnerabilidad frente a la presión inmobiliaria, gentrificación y despojo territorial sin consultas ni acuerdos comunitarios.
La falta de reconocimiento administrativo ha tocado a zonas con fuerte arraigo histórico. Santa Úrsula, en Coyoacán, un barrio con vocación indígena histórica, estuvo entre los que quedaron fuera de los listados oficiales en el ajuste de 2023.
Un caso emblemático es el de la comunidad de Xoco, quienes se encuentran luchando ante la apropiación de su espacio por parte de proyectos inmobiliarios, mismos que afectan el día a día de los habitantes.
Barrios en alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco o Venustiano Carranza fueron reportados como no reconocidos en registros institucionales, a pesar de su herencia histórica local. Otros casos emblemáticos han visto reconocimientos tardíos de su estatus; por ejemplo, Peñón de los Baños, La Candelaria, Cuauhtepec y Mixiuhca consiguieron obtener el reconocimiento de pueblos originarios entre 2024 y 2025.
Frente a este panorama, autoridades locales han impulsado iniciativas para reforzar la protección de estos territorios. En 2024, el Gobierno de la Ciudad anunció un decreto para proteger las Áreas de Conservación Patrimonial, donde se encuentran pueblos y barrios originarios, con la intención de salvaguardar sus valores culturales y evitar la pérdida física de sus espacios.
Aunque, en años recientes, se han reintegrado algunas comunidades al reconocimiento oficial, el saldo de la última década evidencia que muchos barrios originarios han visto desaparecer su estatus jurídico en menos de cinco años, rentabilizando el valor de su tierra y empujando a comunidades enteras al límite de su continuidad cultural.
La discusión sobre el reconocimiento de estos barrios originarios —más allá de cifras y catastros— plantea una pregunta más amplia para las políticas urbanas de la Ciudad de México: ¿Puede una metrópoli moderna equilibrar su crecimiento con el respeto profundo a las raíces históricas y culturales que la sostienen?
