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Por Juan R. Hernández
El balance legislativo de 2025 en el Congreso de la Ciudad de México deja una señal clara: cuando la ley se piensa desde la realidad social, puede convertirse en una herramienta de inclusión y no solo en un ejercicio burocrático. Tres dictámenes recientes lo confirman y abren una discusión necesaria sobre el tipo de ciudad que queremos construir.
La aprobación del Capítulo Vigésimo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocado en población infantil migrante, es un paso impostergable. La diputada Laura Alejandra Álvarez Soto puso el acento donde debe estar: la Ciudad de México no es ajena al fenómeno migratorio; es origen, tránsito, destino y retorno. En ese trayecto hay niñas, niños y adolescentes expuestos a violencias específicas, discriminación y abandono institucional. Reconocer sus derechos en la ley no resuelve todo, pero obliga al Estado a dejar la indiferencia y asumir responsabilidades concretas, con perspectiva de género y protección integral.
En paralelo, la iniciativa para impulsar la inclusión digital bancaria de las personas adultas mayores toca otro punto sensible: la brecha tecnológica como nueva forma de exclusión. El planteamiento del diputado Alberto Martínez Urincho va más allá del acceso a servicios financieros; propone acompañamiento, alfabetización digital y ciberseguridad. Es decir, dignidad. En una ciudad que envejece, seguir diseñando sistemas bancarios pensados solo para jóvenes hiperconectados es condenar a miles a la dependencia y al rezago.
Finalmente, la armonización legislativa presentada por la diputada Miriam Saldaña Cháirez puede parecer menor, pero no lo es. Actualizar el lenguaje legal de Distrito Federal a Ciudad de México es también reconocer una identidad política y jurídica que debe reflejarse en todas las normas.
El reto ahora no es solo legislar bien, sino hacer que estas leyes se cumplan. El Congreso dio señales positivas en 2025; toca al gobierno y a las instituciones convertir el papel en políticas públicas efectivas. Porque legislar con rostro humano no es un discurso: es una obligación permanente.
