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REDACCIÓN
Los primeros 100 días de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros fueron electos mediante el voto popular en los pasados comicios del 1 de junio de 2025, estuvieron marcados por polémicas, desencuentros y debates sobre la interpretación de leyes.
Por ejemplo, el pasado 7 de octubre, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto de resolución para que se eliminara el criterio de invalidar las leyes relacionadas con personas con discapacidad, en las que ellas no hubieran sido consultadas. A pesar que Batres afirmó que el pleno había invalidado el proyecto, este no fue votado en esa sesión.
El 13 de noviembre, la Suprema Corte rechazó los recursos de amparo contra resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, presentados por Grupo Elektra para revisar créditos fiscales impuestos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Lo notable fue la rapidez con la que se discutieron, prácticamente sin debate.
El 26 de noviembre, cinco ministros plantearon revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme, en los casos en que se presuma que hubo fraude en la resolución.
El tema de la cosa juzgada fue criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que “lo que ya fue juzgado ya fue juzgado”.
Por otro lado, los desencuentros ministeriales también fueron evidentes. En la sesión del 3 de noviembre, la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto de controversia constitucional en la que negaba que municipios de Chihuahua tuvieran facultades para cobrar licencias de construcción de subestaciones eléctricas.
