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Por Juan R. Hernández
Enero arranca con mensajes claros desde el Gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, una batería de beneficios tributarios que buscan aliviar la economía familiar; por otro, la urgencia de avanzar en derechos e inclusión, particularmente para la comunidad sorda. Dos agendas distintas, pero con un hilo común: la responsabilidad social del Estado.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha insistido en que la política fiscal no puede ser ajena a la realidad económica de la gente. Bajo esa lógica, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) puso en marcha descuentos al Predial de 8 y 5 por ciento por pago anual anticipado en enero y febrero de 2026.
Para adultos mayores y grupos vulnerables, se mantiene una cuota fija de 68 pesos bimestrales, además de descuentos de hasta 30 por ciento en Predial y 50 por ciento en agua. A ello se suma el 100% de descuento en Tenencia al cubrir el refrendo.
El dato político no es menor: por primera vez en 13 años se actualiza el tope para exentar la Tenencia, que pasa de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido. La medida amplía el beneficio a miles de contribuyentes que paguen el refrendo 2026 de 760 pesos antes del 31 de marzo. Todo ello, con una red de 8 mil 800 puntos de cobro, plataformas digitales y la app Tesorería CDMX, bajo el discurso de austeridad y transparencia.
En paralelo, el Congreso local también manda señales. El diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, puso sobre la mesa una deuda histórica: la educación inclusiva para la comunidad sorda. En México, alrededor de 2.3 millones de personas viven con discapacidad auditiva, muchas de ellas excluidas por la falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y materiales adecuados.
El marco legal existe; lo que falta es convertirlo en realidad cotidiana. Profesionalizar docentes, hacer ajustes razonables y reconocer la diversidad lingüística no es un favor, es una obligación. Entre alivios fiscales y derechos pendientes, la ciudad se juega algo más que números: credibilidad y justicia social.
