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Revisiones de las Cuentas Públicas 2020 y 2023 revelan pagos indebidos, obras no comprobadas, rieles sobrevaluados y anticipos sin justificar en el mismo tramo donde ocurrió el descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca
Redacción
Ciudad de México.- La rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, infraestructura clave del Corredor Interoceánico, acumula observaciones graves por presuntos desvíos de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades por más de 33 millones de pesos en revisiones correspondientes a las Cuentas Públicas 2020 y 2023, en el mismo tramo ferroviario donde ocurrió el descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.
Los informes señalan una combinación de pagos indebidos, sobrecostos, anticipos sin comprobar, materiales inexistentes y servicios que nunca se prestaron, lo que apunta a fallas sistemáticas en la planeación, ejecución y supervisión de las obras.
En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó anomalías que, en conjunto, representaron un posible daño al erario por más de 4 millones de pesos.
Uno de los casos más llamativos fue el pago por letreros normativos de obra que nunca pudieron comprobarse. Aunque la administración del proyecto argumentó vandalismo o retiro posterior, no presentó evidencia fotográfica ni denuncias formales. Por ello, el órgano fiscalizador determinó un quebranto de 418 mil 800 pesos.
También se detectaron pagos excedentes por materiales, como el suministro de balasto en el tramo La Mata–Colonia Jordán, donde se facturó un volumen mayor al realmente colocado, generando un sobrecosto de 279 mil pesos.
Otra observación relevante fue un sobrecosto de 4 millones de pesos derivado de errores en la cotización de rieles. En un contrato, se pagó como si se hubieran instalado rieles de mayor peso y precio —136 libras por yarda—, cuando en campo se colocaron rieles más ligeros —115 libras—. La ASF rechazó la explicación de “error de captura” al no existir ajustes contractuales que respaldaran la diferencia.
La auditoría también evidenció problemas graves en el manejo de anticipos. En el tramo Ubero–Mogoñé se entregaron 187.9 millones de pesos por adelantado, equivalentes al 20% del contrato. Sin embargo, al momento de la revisión, los trabajos no habían comenzado y no existía documentación que demostrara que el dinero se hubiera utilizado para adquirir materiales o preparar la obra.
Tres años después, la ASF volvió a revisar la Línea Z y encontró irregularidades aún mayores. En la Cuenta Pública 2023, el monto pendiente de aclaración asciende a 28.8 millones de pesos, principalmente por pagos en exceso.
El caso más grave corresponde al contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022, donde se identificó un presunto daño por 17.6 millones de pesos. Según la ASF, se inflaron costos de mano de obra y maquinaria en al menos siete precios unitarios, cobrando cuadrillas y equipos que no aparecen en reportes técnicos, registros de supervisión ni evidencia fotográfica.
Entre las irregularidades destacan:
- Balasto: más de 12.9 millones de pesos cobrados por cuadrillas topográficas y locomotoras cuya presencia no pudo comprobarse.
- Desmantelamiento de vía: facturación indebida por 2.5 millones de pesos, incluyendo camiones y equipos que nunca se documentaron en operación.
La ASF también detectó pagos indebidos en contratos previos. En el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019, se registró un sobrepago de 2.6 millones de pesos por rieles de mayor especificación que no fueron instalados. Aunque la entidad responsable alegó errores administrativos, la observación se mantuvo al no justificarse el diferencial de costos.
En otro contrato, FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022, se documentaron 8.5 millones de pesos en pagos excedentes por duplicidad de insumos y servicios de topografía no contemplados originalmente.
Para la ASF, el problema no es aislado. El origen de las irregularidades es un deficiente control interno y una supervisión inadecuada de las obras. A pesar de que el Ferrocarril del Istmo intentó solventar observaciones con oficios y fotografías —muchas sin georreferenciación—, el órgano fiscalizador determinó que el monto millonario sigue sin aclararse.
Hasta ahora, solo se ha recuperado una cantidad marginal: 129 mil pesos, correspondientes a cobros indebidos por pruebas de laboratorio. El resto permanece bajo investigación.
Pese a los señalamientos reiterados, ninguna de las empresas involucradas ha sido incluida en el padrón de proveedores sancionados del gobierno federal.
Entre los contratos observados destacan:
- Construcciones y Maquinarias SEF, responsable del contrato FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 por 87.5 millones de pesos, con observaciones en 2020 y 2023.
- Grupo Constructor Diamante, adjudicatario del contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022 por más de 106 millones de pesos, con presunta duplicidad de insumos.
- Asfaltos y Derivados de la Costa S.A. de C.V., contratada por 158 millones de pesos, señalada por cobros de balasto y renta de camiones que no se utilizaron.
