Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En San Pedro Pozohuacán, el agua no solo escasea: también se ha vuelto un servicio envuelto en condicionamientos y cobros que los vecinos califican de injustos por parte de la autoridad municipal de Tecámac.
Para Juana Chávez, residente desde hace más de una década, la historia resume lo que muchas familias viven en silencio. Durante años pagó una cuota anual a la asociación civil que opera el sistema local; sin embargo, en 2012 el suministro fue suspendido sin aviso previo. Desde entonces, su familia sobrevivió comprando pipas, con el gasto constante que ello implicó.
Cuando intentó regularizarse en 2024, se topó con una barrera inesperada: un convenio de 15 mil pesos, el pago de adeudos anteriores y la obligación de cubrir cuotas que —asegura— no corresponden al servicio de agua. “Quiero pagar lo justo, pero no aceptar condiciones que nada tienen que ver con el consumo”, afirma. La falta de contratos formales, reglas claras y rendición de cuentas alimenta la inconformidad. Incluso, añade, integrantes del comité reconocen deudas millonarias de energía eléctrica heredadas de administraciones pasadas, que ahora pretenden trasladar a los usuarios.
Para Chávez, el problema no es solo administrativo, sino legal. Recuerda que el artículo 115 constitucional establece la responsabilidad municipal sobre el agua, por lo que exige la intervención del Ayuntamiento de Tecámac para supervisar, regular y transparentar el servicio. Pide tarifas oficiales, mecanismos claros de cobro y la eliminación de prácticas opacas.
“No me niego a cumplir”, insiste. “Pero el agua es un derecho y debe garantizarse con legalidad y justicia”. Su voz busca abrir un debate que, considera, ya no puede posponerse: la necesidad de que el gobierno municipal deje de mirar hacia otro lado y defienda a los usuarios frente a esquemas que, lejos de servir, vulneran derechos básicos.
