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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Durante el fin de semana se marcó un punto de quiebre para decenas de familias en el municipio de La Paz. En cuestión de horas, lo que durante años fue su hogar se convirtió en un espacio sentenciado a desaparecer.
Autoridades municipales notificaron a los habitantes asentados sobre el derecho de vía del proyecto del Tren Ligero La Paz–Texcoco que debían desalojar de inmediato para permitir el avance de la obra. Sin margen para la negociación, los vecinos tuvieron que reunir lo poco que pudieron salvar mientras maquinaria y personal oficial se preparaban para iniciar las demoliciones.
Para los habitantes, el operativo fue abrupto y profundamente injusto. Aseguran que no hubo reuniones previas ni explicaciones suficientes sobre procesos de reubicación o compensaciones.
Lo único claro fue el anuncio del desalojo y la presión del tiempo. En medio del llanto de niños, la angustia de mujeres y la resignación de hombres que veían desmoronarse su vivienda, la comunidad expresó su enojo e impotencia. Más que una acción administrativa, muchos la describen como un despojo que los deja en la intemperie física y legal.
El caso vuelve a exhibir el rostro más duro del crecimiento urbano irregular en el oriente mexiquense, donde miles de familias, empujadas por la falta de vivienda formal y los altos costos inmobiliarios, terminan edificando en terrenos federales, reservas o zonas de riesgo. Cuando llega la infraestructura, llega también el desalojo, casi siempre sin respaldo social suficiente. Mientras el Tren Ligero promete movilidad y desarrollo, las familias desplazadas exigen algo elemental: trato digno, diálogo real y soluciones que no las condenen a empezar de cero en medio de la incertidumbre.
