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Ana E. Rosete
Ciudad de México.- En México, los asesinatos de periodistas no suelen quedar sin expediente; lo que casi nunca ocurre es que la justicia alcance a quienes ordenan los crímenes. De acuerdo con información de fiscalías, resoluciones judiciales y seguimientos de organizaciones especializadas en libertad de expresión, la mayoría de los casos de alto impacto se resuelven únicamente en el nivel de la autoría material, mientras que los móviles políticos, las redes de complicidad y los autores intelectuales permanecen fuera del alcance judicial.
Entre 2012 y 2022, al menos ocho asesinatos de periodistas conmocionaron al país y exhibieron este patrón: Regina Martínez Pérez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Rubén Espinosa Becerril, Miroslava Breach Velducea, Javier Valdez Cárdenas, José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel y Armando Linares López. En ninguno de estos casos existe una sentencia firme contra responsables intelectuales.
El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido en abril de 2012, sigue siendo uno de los expedientes más cuestionados. Aunque hubo personas detenidas y sentenciadas, no se esclareció el móvil periodístico ni se identificó a quienes ordenaron el crimen, en un estado que ya entonces figuraba entre los más peligrosos para la prensa.
Dos años después, en febrero de 2014, fue asesinado en Veracruz Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero comunitario que cubría temas de seguridad y denuncias locales. La fiscalía cerró el caso con rapidez y descartó el móvil periodístico, pese a que el reportero había recibido amenazas previas. No hubo una investigación exhaustiva sobre posibles responsabilidades políticas, y el expediente se dio por concluido sin esclarecer el trasfondo del crimen.
El 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista que había huido de Veracruz tras denunciar amenazas, fue asesinado en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, junto con cuatro mujeres. El caso tuvo repercusión internacional y puso en evidencia que ni la capital del país era un refugio seguro. Sin embargo, el móvil político nunca fue esclarecido, las amenazas previas no se integraron plenamente a la investigación y no hubo responsables intelectuales procesados.
En 2017, dos asesinatos marcaron un punto de quiebre. En marzo, en Chihuahua, fue asesinada Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y El Norte, tras documentar vínculos entre políticos locales y el crimen organizado. La investigación acreditó el móvil político-criminal y derivó en una sentencia contra un autor material. No obstante, los actores políticos señalados en el expediente no fueron juzgados, y la justicia se detuvo en el nivel operativo.
Dos meses después, en mayo de 2017, fue asesinado en Sinaloa Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce y uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura del narcotráfico. Aunque se dictaron condenas contra sicarios, no existe una sola sentencia contra quienes ordenaron el crimen, pese a la evidencia del contexto de amenazas y de la colusión entre crimen organizado y autoridades.
Ese mismo año, en Veracruz, fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, periodista crítico de autoridades locales. El caso permanece impune y no hay responsables condenados, ni materiales ni intelectuales, a pesar de antecedentes de agresiones y denuncias previas.
La violencia continuó en años recientes. En enero de 2022, en Tijuana, fue asesinado Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en nota roja. Aunque hubo detenciones por autoría material, el caso no avanzó hacia el esclarecimiento de redes de poder ni de posibles motivaciones vinculadas a su labor periodística.
Un mes después, en febrero de 2022, fue asesinado en Michoacán Armando Linares López, director del medio Monitor Michoacán. Días antes había denunciado públicamente amenazas. A pesar de ello, no se han dictado sentencias firmes contra autores intelectuales, y el caso no derivó en responsabilidades políticas.
Datos de organizaciones como Artículo 19 confirman que México se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con niveles de impunidad superiores al 90% en los delitos contra la prensa. Aunque existen mecanismos de protección y fiscalías especializadas, los resultados judiciales muestran que la respuesta del Estado se concentra en cerrar expedientes, no en desmantelar las estructuras que ordenan los ataques.
En todos estos casos, la investigación penal avanzó lo suficiente para identificar o detener a ejecutores, pero se detuvo cuando el crimen apuntó a intereses políticos o redes de poder. La justicia no es inexistente: es selectiva. En México, matar a un periodista puede tener consecuencias penales limitadas, pero ordenar el crimen sigue siendo, en los hechos, un delito sin castigo.
