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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), atraviesa un momento crítico marcado por la desconfianza pública y la falta de claridad en su conducción. Lejos de disipar dudas, la presidencia del magistrado Gerardo Becker Ania, ha alimentado cuestionamientos sobre la forma en que se toman decisiones y se supervisa el uso de los recursos, en un poder que debería ser ejemplo de legalidad.
De acuerdo con reportes de activistas y áreas de control, el titular del tribunal se ausentó durante todo 2025 de las sesiones del Comité de Ética, un órgano clave para prevenir conflictos de interés y sancionar irregularidades.
La omisión resulta más grave si se considera el antecedente de un quebranto millonario detectado en la administración, cuya recuperación se dio solo tras presión pública y procesos penales contra funcionarios de alto nivel.
El foco rojo, sin embargo, está en una maniobra administrativa que avanza en silencio: la intención de nombrar a una persona afín en la dirección de Investigación del órgano interno. Para críticos, el movimiento apunta a controlar las indagatorias y a cerrar el paso a auditorías independientes. “Es un diseño para neutralizar la vigilancia desde dentro”, advierten fuentes que piden anonimato por temor a represalias.
Especialistas en asuntos públicos ven un patrón conocido. A su juicio, Becker Ania busca reproducir esquemas de protección política asociados a su entorno, particularmente a figuras del pasado reciente como Alfredo del Mazo, donde el poder se usa para blindarse y no para transparentar.
