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Los datos oficiales muestran que la informalidad se ha mantenido por encima del 50 % durante más de dos décadas
Ana E. Rosete
En México, trabajar sin derechos dejó de ser una anomalía y se convirtió en la norma. Los datos oficiales muestran que la informalidad laboral se ha mantenido por encima del 50 % durante más de dos décadas, sin una reducción sostenida, incluso en periodos de crecimiento económico.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a inicios de la década de los 2000 la tasa de informalidad laboral rondaba 52 % de la población ocupada. Desde entonces, lejos de disminuir, el indicador se consolidó como un rasgo estructural del mercado laboral mexicano.
Tras la crisis financiera de 2008–2009, la informalidad superó el 54 %, y la recuperación económica posterior no logró revertir esa tendencia. Durante la segunda mitad de la década de 2010, la proporción de trabajadores en condiciones informales se mantuvo de manera constante entre 54 y 56 %, lo que evidenció que el problema no respondía solo a coyunturas económicas, sino a fallas estructurales en la generación de empleo con derechos.
La pandemia de COVID-19 profundizó esta fragilidad. En 2020, millones de empleos formales se perdieron y una parte importante de la población ocupada regresó al mercado laboral a través de esquemas informales, sin contrato ni prestaciones. Aunque el nivel de ocupación se recuperó en los años siguientes, la calidad del empleo no lo hizo en la misma proporción.
Para 2025, la ENOE reporta una tasa de informalidad laboral de 55.4 %, lo que equivale a más de 32.5 millones de personas trabajando sin protección legal plena. En términos históricos, esto significa que México lleva más de 20 años con una mayoría de su fuerza laboral en condiciones precarias.
La evolución del acceso a la seguridad social confirma esta tendencia. A principios de los años 2000, cerca de la mitad de los trabajadores carecía de acceso a instituciones de salud; dos décadas después, más de 60 % de la población ocupada sigue sin seguridad social, sin derecho a pensión, incapacidad pagada o protección ante riesgos de trabajo.
Este patrón ha generado un mercado laboral donde tener empleo ya no garantiza estabilidad ni derechos, y donde generaciones completas se incorporan a trabajos sin contrato, sin ahorro para el retiro y sin red de protección. El costo de esta precariedad se traslada directamente a los hogares, que enfrentan cualquier enfermedad, accidente o pérdida de ingreso como una crisis inmediata.
En perspectiva histórica, las cifras son claras: la informalidad no es una desviación del sistema laboral mexicano, sino su punto de equilibrio. Tras más de dos décadas sin cambios estructurales, el trabajo precario dejó de ser excepción y se convirtió en la base sobre la que hoy se sostiene el empleo en el país.
