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Lejos de desaparecer siguen operando en la Ciudad de México y en 2025 incluso se creó uno nuevo. Estos instrumentos concentran miles de millones de pesos y decisiones estratégicas fuera del debate presupuestal ordinario, con controles fragmentados y responsables poco visibles
Ana E. Rosete
En la Ciudad de México, una parte relevante del dinero público no se ejerce directamente desde las dependencias ni se discute a detalle en el Congreso local. Se administra a través de fideicomisos públicos, figuras legales que concentran recursos y decisiones con menor escrutinio político. En 2025, estas estructuras no solo siguen vigentes: se ampliaron.
De acuerdo con el Portal oficial de Fideicomisos y Fondos Públicos, administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el ejercicio 2023 los fideicomisos capitalinos manejaron en conjunto más de 14 mil millones de pesos, destinados a rubros como educación, desarrollo social, medio ambiente, turismo, cultura y desarrollo urbano. Entre los más relevantes figuran el Fideicomiso Bienestar Educativo, el Fondo Ambiental Público, el Fondo Mixto de Promoción Turística y el Fideicomiso del Centro Histórico.
Aunque no existe aún una cifra consolidada para 2025, la operación de estos instrumentos continúa. Registros de contratos y movimientos presupuestales disponibles en plataformas oficiales de transparencia muestran que varios fideicomisos siguieron ejerciendo recursos durante el año fiscal en curso, lo que confirma su vigencia operativa.
Además, en 2025 se formalizó un nuevo fideicomiso. La existencia del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) fue reconocida públicamente por el propio secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, quien el 27 de mayo de 2025 informó en“se constituyó el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS)”, el cual, dijo, permitirá fortalecer inversiones en infraestructura urbana, movilidad, medio ambiente, políticas hídricas, tecnología y seguridad, sin aumentar la deuda.
Las principales defensoras de estas figuras son las propias autoridades financieras. En documentación oficial, la Secretaría de Administración y Finanzas sostiene que los fideicomisos permiten flexibilidad administrativa y continuidad de proyectos, mientras que la Jefatura de Gobierno los avala en los hechos al mantenerlos vigentes e incluso crear nuevos. La falta de cuestionamientos de fondo desde el Congreso de la Ciudad de México completa este respaldo institucional.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México ha advertido en revisiones generales deficiencias de planeación, seguimiento y evaluación en proyectos financiados mediante esquemas especiales, lo que apunta a un problema estructural de rendición de cuentas.
Las cifras definitivas de 2025 aún no están disponibles porque el ejercicio fiscal no ha cerrado. Sin embargo, la vigencia y expansión de los fideicomisos durante este año están documentadas. En la CDMX, estas figuras no operan fuera de la ley, pero sí en una zona gris del poder, donde el dinero público se mueve lejos del reflector político y del control ciudadano.
