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En la Ciudad de México, ocupar un inmueble puede ser rentable y reclamarlo, ruinoso. Miles de carpetas por despojo se acumulan mientras los propietarios enfrentan juicios largos y costosos. El costo de acceder a la justicia ha convertido al despojo en un negocio de bajo riesgo
Ana E. Rosete
En la Ciudad de México, el despojo de inmuebles se ha convertido en un negocio de alto costo para las víctimas y de bajo riesgo para quienes ocupan propiedades de manera irregular. Entre 2018 y 2024 se abrieron más de 25 mil carpetas de investigación por despojo en la capital, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Sin embargo, el volumen de denuncias contrasta con un dato clave: recuperar una vivienda es caro, lento y, en muchos casos, imposible.
Las cinco alcaldías con mayor incidencia —Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez— concentran no solo el mayor número de denuncias, sino también los litigios más prolongados. En estas demarcaciones, casas, departamentos y edificios completos permanecen ocupados durante años mientras los procesos judiciales avanzan lentamente o se estancan.
El costo económico es el principal obstáculo. De acuerdo con abogados especializados en derecho inmobiliario, citados en análisis de El Economista, recuperar una vivienda invadida puede tomar entre dos y cuatro años y costar hasta el 20% del valor del inmueble, entre honorarios, peritajes y trámites judiciales. Aun después de ese desgaste, solo alrededor del 30% de las víctimas logra recuperar su propiedad en la capital.
Este desequilibrio convierte al despojo en un incentivo perverso. Mientras el propietario asume gastos elevados y tiempos prolongados, el ocupante enfrenta bajos riesgos legales. En algunos casos, los inmuebles ocupados generan ingresos mediante la renta de espacios, sin que exista una sanción penal efectiva. El paso del tiempo favorece al ocupante y castiga al denunciante.
Un caso emblemático es el del edificio de Antonio Caso 104, en la colonia San Rafael, ocupado desde 2005 y aún tomado casi dos décadas después, pese a juicios abiertos. Investigaciones periodísticas han documentado incluso la renta de espacios dentro del inmueble, mientras los propietarios acumulan gastos legales sin restitución.
Las cifras oficiales no incluyen aún datos consolidados de 2025. El SESNSP y la Fiscalía publican información con rezago, por lo que el último corte anual completo corresponde a 2024. La ausencia de datos cerrados no indica una disminución del fenómeno, sino una falta de cierre estadístico.
En la Ciudad de México, el despojo no solo implica perder una vivienda. Implica perder dinero, tiempo y acceso efectivo a la justicia. Cuando recuperar tu casa cuesta más de lo que vale, el despojo deja de ser un delito excepcional y se convierte en un negocio.
