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Mancera gasto 127 mdp y Batres 14 mdp; sin embargo, la zona está llena de comercio informal, drogadictos y narcomenudistas
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Glorieta de Insurgentes se mantiene en condiciones de abandono y deterioro social a pesar de haber sido objeto de millonarias inversiones públicas en los últimos años. Las distintas rehabilitaciones no han logrado modificar de manera permanente las dinámicas de inseguridad, consumo de drogas, narcomenudeo, comercio informal y presencia de personas en situación de calle en uno de los nodos urbanos más transitados de la Ciudad de México.
Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el Gobierno capitalino concluyó, tras casi 11 meses de trabajos, una rehabilitación integral de la Glorieta de Insurgentes para la cual se destinó una inversión cercana a 127 millones de pesos.
El proyecto incluyó remodelación del espacio público, adecuaciones arquitectónicas y trabajos de imagen urbana. Sin embargo, poco tiempo después de su inauguración, el espacio volvió a registrar las mismas problemáticas que se buscaba erradicar.
Años más tarde, en 2024, el gobierno encabezado por Martí Batres impulsó una nueva intervención con un enfoque distinto, que reconocía el carácter social del problema. De acuerdo con información oficial, se destinaron entre 12 y 14 millones de pesos para la rehabilitación del área, con acciones que incluyeron renovación de luminarias, recuperación de áreas verdes, retiro de comercio informal, instalación de un módulo de policía turística, un biciestacionamiento y presencia institucional coordinada de diversas dependencias.
Durante varios meses posteriores a esa intervención se registró una disminución visible de actividades ilícitas, derivada de la vigilancia constante y del seguimiento directo al espacio. No obstante, tras el cambio de administración, las acciones dejaron de aplicarse de forma sostenida y la Glorieta volvió a deteriorarse.
En 2025, la Glorieta de Insurgentes es nuevamente identificada como un punto de narcomenudeo y consumo de drogas, además de concentrar comercio ambulante irregular, campamentos de personas en situación de calle y prostitución, de acuerdo con reportes ciudadanos y testimonios de usuarios habituales del lugar. Estas actividades ocurren a pesar de que en el entorno inmediato se ubica el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de la vigilancia y la coordinación institucional.
