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REDACCIÓN
Mientras miles de mexicanos tienen dificultades para acceder al agua, al menos unos 31 políticos adquirieron en los últimos siete años concesiones de este recurso a su nombre, que en su conjunto, tienen permiso para utilizar más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 2 mil 511 albercas olímpicas.
Entre los casos con mayor volumen autorizado se encuentran el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín; la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero; el exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo Garza, la ministra de la Suprema Corte María Estela Ríos González y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Otros casos más destacados son: Esteban Alejandro Villegas Villarreal, David Monreal Ávila y Manolo Jiménez Salinas, gobernadores de Durango, Zacatecas y Coahuila, respectivamente.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua, dichas concesiones fueron otorgadas para usos agrícolas y pecuarios, bajo el marco legal vigente en distintos momentos de las últimas dos décadas.
Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales, las cuales introducen cambios relevantes al modelo de concesiones.
Entre las modificaciones más relevantes, se prohíbe la transmisión de títulos entre particulares y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reasignar volúmenes cuando cambie la propiedad de la tierra, existan procesos de herencia o se modifiquen las condiciones del predio concesionado.
Especialistas con experiencia en la gestión del agua han advertido que las reformas fortalecen el control del Estado sobre el recurso hídrico, pero también podrían generar riesgos de opacidad si no se publican criterios claros y transparentes para la reasignación de concesiones.
Estas preocupaciones se sumaron a un debate legislativo que derivó en acusaciones cruzadas entre partidos, con señalamientos mutuos sobre qué actores políticos concentran concesiones. Sin embargo, los registros confirman que existen títulos vigentes en prácticamente todas las fuerzas políticas, tanto entre quienes votaron a favor como en contra de la reforma.
