Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El exalcalde priísta del municipio de Almoloya de Juárez, Óscar Sánchez, vinculado a proceso desde marzo por violencia familiar, fue visto celebrando en una posada partidista apenas días después de haber sido reportado como desaparecido.
La escena risas, piñatas y aplausos contrastó de forma brutal con la gravedad de los señalamientos que pesan en su contra y encendió la indignación social.
El exfuncionario enfrenta un proceso penal por presunta violencia psicológica ejercida contra tres de sus hijos. Aun así, su ausencia temporal no derivó en consecuencias visibles. La Fiscalía del Estado de México difundió una ficha de búsqueda y, posteriormente, actualizó el estatus a “persona localizada”, sin detallar las circunstancias ni explicar cómo alguien, sujeto a medidas cautelares pudo desaparecer y reaparecer en un acto público, sin sanción aparente.
“Para nosotros la ley es dura; para ellos es flexible”, reprocha Laura Méndez, vecina de Almoloya de Juárez. La difusión del festejo en redes sociales agravó el enojo. Para muchos, la imagen del exalcalde celebrando simboliza un mensaje devastador: la violencia familiar no tiene el mismo peso cuando el acusado pertenece a la élite política.
El caso deja preguntas incómodas sobre la aplicación real de la justicia y la protección efectiva a las víctimas. Más allá de una persona, el episodio retrata una práctica recurrente: la política como escudo. La posada terminó, pero la herida cívica permanece.
En el Estado de México, la ciudadanía observa cómo el proceso penal puede convertirse en un trámite más cuando el acusado conserva poder, relaciones y aplausos. La molestia se repite entre habitantes que cuestionan la eficacia de medidas como la garantía económica y las presentaciones periódicas, percibidas como trámites que no alteran la vida social ni política del imputado.
