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Automovilistas de Tlalnepantla denuncian un esquema de extorsión operado por elementos de seguridad quienes detienen vehículos sin una falta y exigen pagos en efectivo para evitar sanciones
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Tlalnepantla, la extorsión ya no se esconde ni se disfraza: circula con uniforme, patrulla y sello oficial. Familias del municipio denunciaron que elementos de la Policía de Tránsito han instaurado un mecanismo sistemático de cobros ilegales a automovilistas, a quienes detienen con argumentos ambiguos o faltas inexistentes para exigir dinero en efectivo a cambio de dejarlos continuar su camino.
El caso que detonó la indignación vecinal ocurrió en las inmediaciones del centro comercial Mundo E, donde un conductor fue interceptado por agentes que, tras varios minutos de intimidación, le plantearon una disyuntiva conocida por muchos: pagar o enfrentar el arrastre del vehículo al corralón.
La sorpresa llegó después, cuando uno de los policías le entregó un papel con sello oficial y datos de la patrulla, asegurándole que ese documento funcionaría como una “contraseña” para evitar futuras detenciones.
“Sentí miedo e impotencia. Pagas porque sabes que si no lo haces te van a inventar algo peor”, relata el afectado, quien decidió guardar su identidad por temor a represalias.
Testimonios similares se repiten entre vecinos y conductores, quienes aseguran que las extorsiones son frecuentes y que los montos exigidos varían según el tipo de vehículo o la apariencia del conductor.
Madres y padres de familia advierten que esta práctica ha convertido las calles en espacios de inseguridad jurídica, donde circular se vuelve un riesgo cotidiano. “No sabes si vas a llegar a casa sin que te quiten el dinero del día”, señala una vecina de la zona, quien acusa que las denuncias formales no avanzan y que las autoridades municipales guardan silencio.
Habitantes exigen al gobierno municipal y a la comisaría de Seguridad Pública una investigación inmediata, la suspensión de los agentes involucrados y el fin de una práctica que consideran normalizada. De no haber respuesta, advierten, la comunidad está dispuesta a organizar protestas.
Para las familias, el caso revela algo más profundo: un municipio donde la autoridad que debería garantizar orden y seguridad se ha convertido en una fuente más de abuso, mientras la omisión oficial alimenta la desconfianza y la indignación colectiva.
