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- Acusa que el edil panista niega medidas de protección
- Los juzgadores han ignorado la ley por la “libertad jurídica”
OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México. – El ciudadano Ricardo Guerrero en su batalla contra la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, presentó ante la Fiscalía General de Justicia local (FGJ CDMX) que encabeza Bertha Alcalde, una solicitud para agilizar las investigaciones en contra de servidores de la alcaldía BJ y de magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ CDMX), ya que han negado medidas cautelares ante el riesgo confirmado de posible derrumbe de un edificio ilegal construido junto a su vivienda.
El afectado señaló que busca se apliquen las sanciones a los funcionarios que han negado medidas cautelares para él y su familia ya que el edificio del número 1073 en la calle 5 de febrero, colonia Américas Unidas, amenaza con el derrumbe de su hogar. Su caso se remonta a 2019 cuando inició un juicio en contra de la alcaldía BJ mientras gobernaba Santiago Taboada (2018-2014), pero hasta 2022 el Tribunal de Justicia Administrativa local (TJA CDMX) reconoció la responsabilidad de la alcaldía.
Las sanciones en contra de la alcaldía se han dilatado por varios argumentos. Entre estos la presunta falta de peritos en materia estructural en la FGJ, estudios que el ciudadano contrató y confirmaron “la gravedad estructural y el peligro real de colapso de mi inmueble en próximos sismos, provocado por el edificio ilegal de 5 de febrero 1073 que por maximizar utilidades, no dejó la Separación de Colindancias Sísmicas de un mínimo de 19 centímetros que marca el Reglamento de Construcción” señala en su relatoría.
El afectado de la corrupción inmobiliaria, señala como probables responsables del delito de negar protección al alcalde de BJ, Luis Mendoza, a quien solicitó en cuatro ocasiones medidas cautelares entre 2024 y 2025; al Jurídico de BJ, Diego Montiel, a quien informó del caso para la reubicación de su familia.
A los magistrados del TJA CDMX, Ernesto Schwebel, que en seis ocasiones se le informó del riesgo, las medidas cautelares e ignoró la orden de que la alcaldía BJ cumpla la sentencia por daños al aprobar el edificio; Estela Fuentes y a su Junta de Gobierno del TJA, ya que hay pruebas de que conocen el caso; así como al magistrado Alejandro Delint, quién fue notificado de las medidas necesarias al afectado y su familia en cinco ocasiones.
