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A cinco años de la promulgación de la reforma laboral, los casos exhiben los límites de los cambios legales y la persistencia de un problema estructural
Ana E. Rosete
La corrupción sindical en México no es un señalamiento genérico ni una percepción abstracta. A lo largo de las últimas décadas, autoridades, órganos de fiscalización, tribunales y medios de comunicación han registrado casos concretos que evidencian el manejo discrecional de recursos, la falta de rendición de cuentas y la concentración prolongada de poder en distintas organizaciones sindicales. Aunque no existe un registro oficial que clasifique a los sindicatos por niveles de corrupción, sí hay expedientes, fechas y montos que permiten dimensionar el problema.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo 26 de 100 puntos, una de las calificaciones más bajas a nivel global. Especialistas en derecho laboral coinciden en que el sindicalismo corporativo, marcado históricamente por prácticas de charrismo sindical, ha sido uno de los espacios menos fiscalizados, debido a la opacidad en el manejo de cuotas, la ausencia de contrapesos internos y la permanencia prolongada de dirigencias.
Uno de los episodios más detallados es el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La organización fue encabezada por Carlos Romero Deschamps entre 1993 y 2019, un periodo de 26 años. Durante ese tiempo, el exdirigente fue investigado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Reportajes nacionales e internacionales dieron cuenta de un patrimonio inmobiliario y gastos de alto valor. Aunque las investigaciones no derivaron en una sentencia condenatoria, el caso se convirtió en un referente de opacidad y concentración de poder sindical.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enfrenta antecedentes judiciales de alto impacto. En febrero de 2013, su entonces dirigente Elba Esther Gordillo fue detenida y procesada penalmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las acusaciones incluyeron el presunto desvío de más de dos mil millones de pesos de cuentas sindicales hacia gastos personales. Aunque fue liberada posteriormente por resoluciones judiciales, el expediente exhibió el uso discrecional de recursos y la debilidad de los controles internos.
Otro caso emblemático es el del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, fue señalado por autoridades por el presunto mal manejo de un fideicomiso de aproximadamente 55 millones de dólares, correspondiente a trabajadores de Cananea tras la privatización de la mina en 2005. El conflicto derivó en procesos legales prolongados y resoluciones diversas, pero colocó en el centro del debate la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas dentro de las organizaciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ha sido cuestionado en distintos momentos por la venta de plazas, el tráfico de influencias y la asignación discrecional de puestos a familiares bajo el amparo de derechos escalafonarios. Auditorías internas del IMSS y reportajes periodísticos han puesto de manifiesto irregularidades en los procesos de ingreso y promoción laboral. A pesar de estos señalamientos, no existe un sistema de fiscalización externa que audite el destino final de las cuotas sindicales.
En el sector eléctrico, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) ha sido identificado en estudios académicos y análisis laborales por la permanencia prolongada de dirigencias y baja rotación interna. Aunque no enfrenta procesos penales de alto perfil, su estructura ha sido asociada históricamente al control corporativo y a una limitada participación democrática de las bases.
Más recientemente, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ha quedado bajo escrutinio público tras denuncias empresariales y reportajes que documentan presuntos actos de extorsión cometidos por individuos que operaban bajo el amparo de estructuras sindicales, particularmente en regiones industriales del norte del país. Autoridades federales han confirmado investigaciones en curso y han precisado que, hasta ahora, no existe una resolución judicial que acredite responsabilidad institucional de la confederación.
Estos casos se desarrollan en un contexto de transformación normativa. La reforma laboral de 2019 estableció nuevas reglas para democratizar la vida sindical, entre ellas el voto libre, directo y secreto, y la legitimación obligatoria de contratos colectivos que concluyó en 2023. Datos oficiales indican que más de 30 mil contratos han sido sometidos a estos procesos. Sin embargo, especialistas advierten que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aún enfrenta retos para auditar el uso de recursos, y que la persistencia de prácticas heredadas ha reducido el impacto de la ley.
A cinco años de su entrada en vigor y tras finalizar su periodo de transición, el balance es claro: los cambios legales no han sido suficientes para erradicar la corrupción sindical. Los casos expuestos muestran que, sin fiscalización efectiva, sanciones claras y transparencia obligatoria en el uso de los recursos, las cuentas pendientes del sindicalismo mexicano siguen abiertas.
