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La OFAC incluyó a empresarios, operadores financieros y empresas fachada ligados al crimen organizado, con operaciones en al menos 12 estados del país
Redacción
Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos incluyó en 2025 a un total de 151 personas y empresas que operan en México en su lista de sanciones financieras por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al terrorismo. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, implica el congelamiento de activos, el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de operar dentro del sistema financiero internacional.
De acuerdo con registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), 64 individuos y 87 compañías fueron señalados por fungir como engranajes financieros de organizaciones criminales. Aunque la mayoría de los implicados son mexicanos, también aparecen ciudadanos de Colombia, Albania, India y Canadá, todos con actividades detectadas en territorio nacional.
Las sanciones muestran un viraje en la estrategia estadounidense: además de golpear a estructuras históricamente identificadas del crimen organizado, se enfocan ahora en redes menos visibles, integradas por empresarios, operadores financieros y prestanombres que habían pasado inadvertidos incluso para autoridades mexicanas.
Uno de los casos más llamativos es el de Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense en snowboard, a quien Washington identifica como líder de una organización criminal propia. Su red, dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Sudamérica, fue incluida en marzo de 2025 en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
Según las investigaciones, la organización de Wedding utilizó rutas en Colombia y México para introducir droga a Estados Unidos y Canadá, además de criptomonedas para ocultar y mover recursos ilícitos. Entre sus colaboradores figura el mexicano Édgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, propietario de varias empresas del sector energético que habrían servido para proteger y financiar las operaciones del grupo.
Las autoridades estadounidenses también vinculan a Wedding con Miryam Andrea Castillo Moreno, una ciudadana mexicana que, junto con Vázquez Alvarado, habría participado en esquemas de lavado de dinero en el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.
La lista negra exhibe un perfil diverso: incluye desde ex deportistas de alto rendimiento hasta empresarios del ramo energético y operadores financieros que, hasta antes de ser sancionados, mantenían una imagen pública de actividades legítimas en Norteamérica.
Del total de 64 personas sancionadas, 55 son mexicanas, lo que representa cerca del 86 por ciento. El resto corresponde a cuatro albaneses, dos colombianos, dos ciudadanos de la India y un canadiense. Todos desarrollaban actividades en México.
Un dato es que 35 de los individuos fueron clasificados bajo el rubro de “terrorismo”, categoría que supera a las designaciones por narcotráfico y crimen organizado tradicional. En 19 casos se documentaron vínculos directos con drogas, mientras que 10 más fueron asociados genéricamente a redes criminales.
En cuanto a la distribución geográfica, Sinaloa encabeza la lista de estados con mayor número de personas sancionadas, seguido de Baja California y Jalisco. También aparecen la Ciudad de México, Tamaulipas, Guerrero y, en menor medida, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Colima, Estado de México, Nuevo León y Durango.
Más de dos terceras partes de los individuos están relacionados con dos organizaciones: el Cártel de Sinaloa —incluida la facción de Los Chapitos— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en conjunto concentran a casi siete de cada diez personas sancionadas.
Los registros de la OFAC y de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) identifican a nueve integrantes del llamado Grupo Hysa, una red familiar originaria de Albania. Las investigaciones indican que este grupo operó casinos, centros de apuestas y restaurantes en México y otros países como Canadá y Polonia para blanquear recursos del narcotráfico, presuntamente bajo la protección del Cártel de Sinaloa.
También se documentan vínculos con otras organizaciones, como la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste, remanentes de los Beltrán Leyva y una red dedicada al tráfico de personas encabezada por Jumilca Sandivel Hernández Pérez, con operaciones desde Guatemala hacia Estados Unidos.
Esta última organización, según los informes, coordinó actividades con La Línea, el brazo armado del antiguo Cártel de Juárez, grupo señalado por ataques violentos en el norte del país.
Empresas bajo la lupa
El golpe financiero alcanzó a 87 empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas sociedades utilizadas como fachada. La mayoría fue señalada por presuntos vínculos con terrorismo, mientras que otras fueron catalogadas como parte de esquemas de crimen organizado o narcotráfico.
Se trata de negocios vinculados a combustibles, turismo, entretenimiento, bienes raíces y servicios, que habrían funcionado como nodos financieros de redes criminales. Todas las compañías tienen operaciones en México y se concentran en apenas 12 estados.
Más de la mitad de las firmas sancionadas se localizan en Sinaloa, Baja California y Jalisco. Le siguen Nuevo León y Quintana Roo, mientras que el resto se distribuye en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Puebla y Tamaulipas.
Aunque las designaciones se realizaron entre marzo y noviembre de 2025, casi dos terceras partes de las empresas fueron incluidas en los últimos tres meses del año, lo que refleja una intensificación de la ofensiva financiera de Washington contra las estructuras económicas del crimen organizado con presencia en México.
