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- Internos deben pagar cuotas para acceder a servicios básicos y evitar violencia
- En Santa Martha Acatitla se ha denunciado que sufren sistemáticamente del delito
FERNANDO ORTIZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En la Ciudad de México y Estado de México, numerosas familias de personas recluidas han levantado la voz ante un sistema penitenciario en crisis, al denunciar extorsión, “cobro de piso”, corrupción institucional, maltrato y complicidad de autoridades al interior de cárceles.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, donde se ha denunciado que sufren de extorsiones sistemáticas, se les exige pagar cuotas y quienes se niegan reciben amenazas o agresiones físicas.
“Nos piden 5 mil pesos al mes para que mi tía no pase a población y tenga un poco de comodidad y esté más segura, también tenemos que darles dinero a los polis para que nos dejen pasar dinero para mi tía”, mencionó un familiar de una persona que se encuentra privada de su libertad.
“Mi tía me ha contado que adentro todo está muy caro, y es muy tenso estar cuidando que no te roben, que muchas incluso solo sobreviven con el café de 7 pesos que venden dentro del penal”, agregó.
En julio de 2025, familiares de internos entregaron al gobierno local al menos diez denuncias formales, pidiendo intervención urgente para frenar la extorsión, las amenazas de muerte y la violencia generalizada dentro del penal.
Ante la presión mediática y legislativa, las autoridades destituyeron a la directora en septiembre de 2025 y anunciaron una investigación interna.
En septiembre de 2025, las autoridades decidieron destituir a Susana Itzel Ramírez, quien fuera la directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. La medida se tomó como respuesta a las constantes denuncias de extorsión, cobro de cuotas, amenazas y violencia dentro del penal, y se anunció además una investigación interna para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
Las quejas no se limitan a ese centro; al menos 22 penales operan con una corrupción estructural en donde “todo se cobra”, desde visitas, llamadas, medicamentos, hasta llamadas para evitar golpizas.
Las familias y los internos señalan que, sin dinero, no hay acceso real a servicios básicos, debiendo recurrir a sobornos y pagos irregulares para sobrevivir.
Para los familiares, las consecuencias sociales y emocionales son profundas. Más allá del sufrimiento de quienes están dentro —sometidos a extorsión, violencia y precariedad—, el miedo a represalias, la incertidumbre sobre la vida de sus seres queridos y el desgaste constante los afecta.
