Visitas
En al menos siete municipios del país, el crimen organizado sustituyó funciones básicas del gobierno: cobra, castiga, regula economías y condiciona la vida pública. Datos oficiales de homicidios, percepción de inseguridad, desplazamiento forzado y presencia criminal muestran territorios donde el poder real no es institucional, sino del narco
Ana E. Rosete
En México, el crimen organizado dejó de ser solo un actor ilegal para convertirse, en amplias zonas del país, en autoridad de facto. En varios municipios, los grupos criminales regulan la vida cotidiana mientras los gobiernos locales operan de manera simbólica o bajo tutela militar. No se trata de ausencia del Estado, sino de sustitución del poder público por estructuras criminales.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI), informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), registros oficiales de desplazamiento forzado interno, así como evaluaciones de agencias de seguridad nacionales e internacionales, se identificaron a los principales grupos criminales con control territorial en México.
Los datos muestran que los municipios donde el narco gobierna comparten cinco rasgos: altas tasas de homicidio, percepción extrema de inseguridad, policías municipales rebasadas o desarmadas, presencia permanente de fuerzas federales y economías locales sujetas a extorsión.
Uno de los casos más documentados es Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con la ENSU, este municipio ha encabezado durante varios trimestres consecutivos la lista nacional de percepción de inseguridad, con niveles superiores al 90% de población que se siente insegura. Según el SESNSP, Zacatecas registra una de las tasas de homicidio más altas del país. El territorio es disputado por facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las organizaciones criminales más violentas y con mayor capacidad de fuego en México.
En Chilapa de Álvarez, Guerrero, el control criminal se manifiesta en el cobro de cuotas, desapariciones y control de accesos. Informes de la CNDH documentan omisiones reiteradas de autoridades estatales y municipales. Guerrero se mantiene entre los estados con mayor número de homicidios dolosos, y la región es disputada por grupos locales aliados a estructuras mayores del narcotráfico
Aguililla, Michoacán, es un ejemplo de colapso institucional prolongado. El municipio ha registrado desplazamientos forzados masivos, cierre de caminos y abandono de comunidades enteras. Productores agrícolas denunciaron durante años el cobro sistemático de cuotas y el control criminal de cultivos estratégicos. Michoacán es uno de los principales territorios de disputa del CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, considerado por agencias internacionales como el capo más poderoso y violento de México. El ayuntamiento quedó paralizado durante largos periodos; el poder real fue criminal.
En Pantelhó, Chiapas, el fenómeno adoptó una forma extrema. En 2021, pobladores armados expulsaron a las autoridades municipales acusadas de colusión con el crimen organizado. Desde entonces, el municipio ha operado sin un gobierno local efectivo, con control territorial fragmentado y presencia intermitente de fuerzas federales. Chiapas registra un aumento sostenido de violencia ligada a la disputa criminal por rutas estratégicas del sur del país.
El caso de Tamaulipas revela cómo el narco gobierna por regiones completas. Nuevo Laredo, San Fernando y Ciudad Mier comparten patrones de control criminal: enfrentamientos armados recurrentes, desapariciones, bloqueos carreteros y desplazamiento forzado interno. Tamaulipas ha sido históricamente territorio de organizaciones como Los Zetas y sus sucesores —hoy fragmentados en el Cártel del Noreste—, responsables de algunas de las masacres y desapariciones más graves del país. La presencia militar es permanente, pero la autoridad civil no ejerce control pleno.
Los datos confirman el patrón. Según el SESNSP, estos municipios se concentran entre los de mayor incidencia de homicidio doloso. La ENSU refleja niveles extremos de miedo e inseguridad. Informes oficiales y de derechos humanos documentan policías municipales desarmadas, intervenidas o inexistentes, así como desplazamientos forzados que alteran la vida social y económica.
A este control territorial se suma la presencia de capos con alcance nacional e internacional, como El Mencho (CJNG) y las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, encabezadas históricamente por Ismael “El Mayo” Zambada y hoy fragmentadas en grupos como Los Chapitos. Estas organizaciones no solo trafican drogas: administran territorios, imponen normas y sustituyen al gobierno local.
