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Feminicidios, violencia digital, omisiones del Estado y revictimización mediática dieron origen a leyes que hoy buscan proteger a mujeres, niñas y víctimas. Detrás de cada reforma hay una historia que evidenció fallas estructurales en el sistema de justicia
Ana E. Rosete
En México, algunos de los avances más significativos en materia de legislación con perspectiva de género no surgieron desde las instituciones, sino a partir de casos que conmocionaron a la sociedad y evidenciaron profundas fallas en la actuación de las autoridades. Feminicidios, violencia contra niñas, ataques digitales y encubrimientos impulsaron reformas legales que hoy llevan el nombre de las víctimas o de las mujeres que encabezaron la lucha por justicia.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero de 2020 en la Ciudad de México. La indignación social no solo se debió al feminicidio, sino a la filtración de imágenes del cuerpo desde instancias oficiales, las cuales fueron reproducidas por medios de comunicación. Este hecho derivó en la llamada Ley Ingrid, que sanciona la difusión de imágenes, videos o información sensible de víctimas, especialmente cuando proviene de servidores públicos, con el objetivo de frenar la revictimización y la violencia mediática.
Ese mismo año, el asesinato de Fátima Cecilia, una niña de siete años, expuso omisiones institucionales en la atención de denuncias y en los protocolos de protección a la infancia. A partir de este caso se impulsó la conocida como Ley Fátima, un conjunto de reformas e iniciativas que buscan obligar a las autoridades a actuar con urgencia ante alertas de riesgo para niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer la capacitación de servidores públicos con perspectiva de género.
La violencia también se manifiesta en el ámbito digital. Olimpia Coral Melo sufrió la difusión no consentida de un video íntimo, una conducta que en ese momento no estaba claramente tipificada como delito. Su activismo derivó en la Ley Olimpia, un paquete de reformas que reconoce y sanciona la violencia digital, incluyendo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, amenazas y extorsión a través de medios digitales. Estas reformas han sido adoptadas en la mayoría de los estados del país.
Otros casos también han motivado cambios legales relevantes. El asesinato de la mujer trans Paola Buenrostro impulsó la tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México. El feminicidio de Mariana Lima Buendía dio origen a criterios legales que obligan a investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género.
María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido, impulsó la llamada Ley Malena, que sanciona la violencia ácida como delito grave. Asimismo, el caso de Montserrat Bendimes derivó en la Ley Monse, que elimina beneficios legales para familiares que encubran a feminicidas.
Ahora el mayor reto no fue su construcción es su correcta aplicación. Sin embargo, todas comparten un mismo origen: la exigencia social de justicia y la memoria de mujeres cuyos casos marcaron un antes y un después en la legislación mexicana.
