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Por Juan R. Hernández
La gentrificación dejó de ser un concepto académico para convertirse en una experiencia cotidiana en la Ciudad de México. Colonias que durante décadas fueron hogar de familias trabajadoras hoy enfrentan incrementos abruptos en rentas, desplazamiento vecinal y una transformación acelerada del tejido social. En ese contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en noviembre la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una iniciativa que busca, en sus palabras, “proteger el derecho a vivir en la ciudad”.
El objetivo es legítimo y necesario. Sin embargo, como ocurre con toda política pública de alto impacto, el desafío no está sólo en la intención, sino en la operatividad. Vecinos afectados por la gentrificación, pero también actores del sector turístico y anfitriones de plataformas digitales, han expresado dudas sobre los alcances reales de la propuesta. No se trata de oponerse por principio, sino de conocer con claridad qué se va a regular, cómo y a quiénes.
Las movilizaciones vecinales del verano pasado —que incluso derivaron en una alerta de la Embajada de Estados Unidos tras hechos aislados de violencia— evidenciaron un malestar acumulado. La discusión legislativa no puede ignorar ese contexto, pero tampoco puede construirse desde la presión o la improvisación. Si la iniciativa se somete a un “maratón extraordinario” en el Congreso, como ha ocurrido con otros temas sensibles, el riesgo es aprobar una ley con vacíos que termine judicializándose o generando efectos contrarios a los buscados.
De cara a 2026, la ciudad necesita certeza jurídica: criterios transparentes sobre topes, tipos de arrendamiento, incentivos a la vivienda social y reglas diferenciadas para plataformas de corta estancia. Regular no debe significar asfixiar, sino equilibrar derechos.
En el cierre del periodo legislativo de 2025, el Congreso capitalino mostró que la armonización legal es posible al actualizar la Ley de Protección y Bienestar Animal, corrigiendo rezagos normativos heredados del antiguo Distrito Federal. Ese mismo cuidado técnico y político debería aplicarse a la Ley de Rentas. Porque defender el derecho a la ciudad implica, ante todo, legislar bien y escuchar mejor.
