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Seis de los casos de corrupción más emblemáticos del país siguen sin sentencias firmes contra responsables políticos. Auditorías, denuncias y procesos penales no se han traducido en castigo. El patrón se repite sexenio tras sexenio
Ana E. Rosete
En México, los principales casos de corrupción de alto nivel registrados en las últimas dos décadas no han derivado en sentencias firmes contra la élite política, pese a investigaciones oficiales, auditorías, procesos penales abiertos y señalamientos públicos. Datos de fiscalías, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y resoluciones judiciales muestran que, aunque los expedientes avanzan en etapas iniciales, el castigo se detiene antes de alcanzar a los responsables con mayor poder político.
Seis casos emblemáticos ilustran este patrón: Odebrecht; la Estafa Maestra; Pemex-Agronitrogenados y Fertinal; la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto; la Estafa Siniestra en Puebla y el caso OHL–Estado de México. En todos hubo investigaciones documentadas; en ninguno hay condenas firmes contra altos funcionarios.
El expediente Odebrecht es el más representativo. Aunque en otros países de América Latina hubo expresidentes y ministros condenados por los sobornos de la constructora brasileña, en México no existe una sola sentencia firme relacionada con ese esquema. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido y extraditado en 2020 y aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República; sin embargo, permanece sin sentencia, y las personas señaladas por él —expresidentes, exsecretarios de Estado y legisladores— no han sido condenadas.
La Estafa Maestra, documentada por auditorías oficiales y periodismo de investigación, implicó el desvío de más de 7 mil millones de pesos mediante universidades públicas y empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque hubo procesos penales y prisión preventiva contra Rosario Robles, no existe una sola sentencia por corrupción contra secretarios de Estado o responsables políticos de alto nivel. Robles no fue condenada por el desfalco, sino por omisión administrativa.
Otro caso ligado a Pemex es el de Agronitrogenados y Fertinal, operaciones que provocaron daños millonarios al erario por la compra de plantas chatarra a sobreprecio. Las irregularidades fueron señaladas por la ASF y vinculadas al entramado de Odebrecht. A pesar de los procesos penales anunciados, no hay sentencias firmes contra los funcionarios de alto nivel que autorizaron las operaciones.
La investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto tampoco produjo consecuencias penales. El conflicto de interés fue documentado en 2014 y dio lugar a una indagatoria administrativa encabezada por un funcionario subordinado al propio presidente. El caso se cerró con una exoneración oficial y sin que se abriera una investigación penal independiente.
En el ámbito estatal, la Estafa Siniestra, detectada en Puebla, mostró un esquema de triangulación de recursos públicos y contratos simulados. Las investigaciones derivaron en detenciones de operadores y funcionarios municipales, pero no han alcanzado a responsables políticos de alto nivel ni han producido sentencias estructurales.
El caso OHL–Estado de México, relacionado con concesiones carreteras y presuntos sobrecostos, siguió una ruta similar. Hubo investigaciones administrativas y denuncias públicas, pero ningún funcionario de alto nivel fue condenado penalmente, y los expedientes se cerraron sin consecuencias judiciales.
En conjunto, estos expedientes confirman un patrón sostenido. De acuerdo con datos oficiales, México registra una de las tasas más bajas de sentencias por corrupción en la región, y la mayoría de las carpetas se archiva, se reclasifica o se prolonga sin resolución definitiva. La justicia avanza en la investigación, pero se detiene antes de alcanzar a la élite política.
